Por Inés M. Pousadela
Las elecciones presidenciales que celebrará Venezuela el 28 de julio podrían ofrecer una auténtica oportunidad para una transición democrática. A pesar de haber enfrentado numerosos desafíos, la oposición encara la campaña unida tras una única candidatura. Muchos venezolanos continúan dispuestos a apostar al voto como herramienta de cambio.
Pero el gobierno autoritario se está atrincherando. La oposición tiene motivos para temer que el gobierno suspenda las elecciones o suprima el voto opositor. La posibilidad de un fraude masivo no debe descartarse.
Todos los sondeos de opinión confiables evidencian la enorme impopularidad del presidente autoritario, Nicolás Maduro, que permanece en el poder desde la muerte de Hugo Chávez en 2013 y ahora aspira a un tercer mandato. Pero su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mantiene un control férreo del aparato del Estado. Las autoridades electorales carecen de neutralidad y el sistema electoral está plagado de irregularidades. Una reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, excluyó del derecho al voto a más de cinco millones de venezolanos que han emigrado.
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Si la oposición derrota al PSUV en las urnas, el Gobierno sólo aceptará los resultados si el costo de la represión supera al costo de la retirada. Para que así sea, será necesario acordar algún tipo de garantías de salida. Y si se produjera la alternancia, también sería necesario un acuerdo de coexistencia para un período de transición que podría durar varios años, durante los cuales seguiría habiendo partidarios del chavismo en importantes posiciones institucionales y habría que conceder al PSUV la oportunidad de reinventarse como actor de la democracia.
La sociedad civil en modo resistencia
La sociedad civil venezolana lleva mucho tiempo desempeñando roles clave para la promoción de la democracia, la defensa de los derechos humanos. Pero el espacio cívico se ha ido cerrando cada vez más, y activistas y periodistas son objeto habitual de amenazas, acoso, intimidación, allanamientos de sus domicilios y oficinas, detenciones, encarcelamientos y procesamientos por tribunales carentes de toda independencia.
Muchas organizaciones de la sociedad civil (OSC) y medios de comunicación han cerrado y otros han optado por autocensurarse o cambiar el foco de su trabajo para evitar represalias. Numerosos periodistas, académicos y activistas se han unido al éxodo masivo.
El Gobierno ha dado cobertura legal a la represión mediante un aluvión de leyes y medidas que ha justificado por razones de defensa de la soberanía y lucha contra el terrorismo. Entre ellas se han destacado la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional de 2010, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de 2017 y la Ley sobre Cooperación Internacional de 2021.
De cara a las elecciones, el Gobierno ha doblado sus apuestas. En enero, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura un proyecto de ley conocido como Ley Anti-ONG, que prohibiría a las OSC participar en “actividades políticas” vagamente definidas. La Asamblea también está debatiendo una ley antifascista que busca prohibir y criminalizar ideas, expresiones y actividades consideradas “fascistas” o similares al fascismo, un rótulo que podría abarcar un amplísimo abanico de expresiones de disenso.
La oposición unida
A lo largo de los años, a la oposición se le ha hecho difícil presentar un frente unificado y una alternativa creíble. Pero esto ha cambiado de cara a las elecciones de 2024. Los grupos más intransigentes de la oposición, que durante años se negaron a negociar y a participar en unas elecciones que no ofrecieran suficientes garantías, acordaron participar en una elección primaria para seleccionar un candidato presidencial único de la oposición, bajo la bandera de la Plataforma Unitaria.
En junio de 2023, el Gobierno venezolano inhabilitó a la principal aspirante, María Corina Machado. Pese a ello, Machado se impuso como candidata de consenso con más del 90% de los votos en las primarias de octubre de 2023. Más de dos millones de personas habrían participado, desafiando las amenazas de las autoridades, la censura y las agresiones físicas a los candidatos.
En un intento por recuperar la iniciativa, el gobierno trató de avivar el sentimiento nacionalista activando su disputa sobre la Guayana del Esequibo, un extenso territorio de Guyana reclamado por Venezuela. En diciembre de 2023 celebró un referéndum consultivo sobre la cuestión, que previsiblemente ganó.
Una semana después de las primarias opositoras, el Tribunal Supremo suspendió el proceso y sus resultados. En diciembre, Machado presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo, pero éste ratificó su inhabilitación. De modo que el 22 de marzo, tres días antes del cierre del plazo de inscripción de candidaturas, anunció que la reemplazaría Corina Yoris-Villasana, una académica de 80 años.
El Gobierno no encontró ninguna excusa para inhabilitar a Yoris, de modo que optó por bloquear el sitio web. Hasta que cerró el plazo, el sistema automatizado experimentó problemas técnicos selectivos que afectaron a los candidatos de la oposición.
Tras una rueda de prensa internacional en la que Machado denunció la maniobra llegaron numerosos apoyos, incluidos los de dos aliados improbables, los gobiernos de izquierda de Brasil y Colombia. El CNE acabó autorizando una prórroga de 12 horas para que la Plataforma Unitaria pudiera inscribir a sus candidatos.
Como resultado de nuevas negociaciones a mediados de abril, todos los candidatos de la oposición inscritos se retiraron, excepto uno. El candidato de compromiso fue el exdiplomático Edmundo González Urrutia, un moderado desconocido para la mayoría, al que pocos podían objetar.
El papel de la comunidad internacional
Algunos países, especialmente los miembros de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, han apoyado a la oposición venezolana e instado al gobierno a respetar los derechos humanos y celebrar elecciones libres y competitivas.
Mientras que cualquier cosa que haga Estados Unidos lo expone a la acusación de injerencia imperialista, la UE en cambio ha logrado proporcionar un conjunto creíble de propuestas para la celebración de elecciones justas. Las recomendaciones de su informe de observación de las elecciones regionales y municipales de 2021 incluyeron reforzar la separación de poderes, abolir las inhabilitaciones, llevar a cabo una campaña pública de educación de votantes, imponer sanciones por malas prácticas electorales, permitir una cobertura mediática equilibrada, derogar la Ley contra el Odio e introducir incentivos y sanciones para garantizar que el día de las elecciones haya suficientes fiscales debidamente formados y acreditados.
Sin embargo, el papel de la UE en las próximas elecciones sigue en entredicho. Después de que el Parlamento Europeo aprobara una resolución condenando la inhabilitación de Machado, el líder de la Asamblea Nacional afirmó que no se permitiría a la UE realizar labores de observación electoral.
Un paso clave en la dirección correcta se dio en octubre de 2023, justo antes de las primarias opositoras, cuando representantes del gobierno y la oposición se reunieron en Barbados y firmaron un acuerdo sobre el derecho de las organizaciones políticas a elegir a sus candidatos presidenciales, el calendario electoral y un conjunto de garantías de procedimiento.
Al día siguiente de la firma del Acuerdo de Barbados, el Gobierno de Estados Unidos suavizó sus sanciones contra la industria venezolana del petróleo y el gas, pero advirtió de que las restablecería si el gobierno no cumplía sus compromisos; volvió a imponerlas en abril de 2024. El gobierno venezolano incumplió inmediatamente el primer punto del acuerdo al iniciar un proceso judicial contra las primarias de la oposición.
Tras la firma del acuerdo, el secretario de Estado estadounidense afirmó también que se esperaba la liberación de los presos políticos antes de noviembre. Cinco fueron liberados inmediatamente, pero muchos más permanecieron tras las rejas. Su liberación es una exigencia clave de la oposición en vísperas de las elecciones.
A un mes y medio del gran día, todo pende de un hilo. La campaña no oficial está en marcha. Machado y González recorren el país prometiendo cambio ordenado y alternancia pacífica. El Gobierno ha lanzado una agresiva campaña de difamación y desinformación contra González. Machado enfrenta un acoso implacable dondequiera que vaya. Tras cada acto opositor, hay activistas locales detenidos.
Para facilitar el avance hacia las elecciones, a mediados de mayo la UE suspendió temporalmente las restricciones de viaje impuestas a un grupo de funcionarios electorales. Pero también amplió las sanciones contra más de 50 funcionarios, a lo que el Gobierno reaccionó revocando la invitación a la UE para observar las elecciones, bajo acusaciones de injerencia neocolonialista.
Sin duda, quedan varias curvas en el camino. El Gobierno venezolano está acostumbrado a restar importancia a la crítica internacional, pero eso se dificulta cuando los llamamientos a respetar el proceso democrático proceden de líderes latinoamericanos de izquierda. Éstos tendrán un papel clave que desempeñar a la hora de instar al Gobierno de Venezuela a avanzar en la celebración de elecciones genuinas y respetar sus resultados. La lógica de la democracia indica que tarde o temprano Maduro tendrá que irse. Sería prudente que empezara a negociar el cómo.
Inés M. Pousadela es Investigadora senior de CIVICUS, profesora de la Universidad ORT Uruguay y consejera académica de CADAL.
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