Por: Omar Zambrano | Economista
Caracas.- La debacle del sector eléctrico venezolano es una catástrofe humanitaria palpable. La destrucción del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ha costado miles de vidas y destruido una inmensa porción del tejido social y productivo del país. En lo personal, he dedicado parte de mi trabajo a medir los profundos impactos sociales de la crisis eléctrica, sobre todo en el estado Zulia, donde por cierto todavía (sobre) vive mi familia.
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Por eso es difícil hablar sobre la iniciativa presentada para la discusión de la Asamblea Nacional (AN) de un posible préstamo por 350 millones de dólares, emitido por CAF–Banco de Desarrollo de América Latina, y administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en Venezuela. Porque la crisis es real y su solución es un tema de urgencia absoluta; me parece que hay que analizar con detenimiento técnico la solución implícita en esta operación sin que ello signifique “oponerse a la posibilidad de la recuperación del sector eléctrico”. Esos maniqueísmos infantiles no ayudan a un debate serio.
Dicho lo anterior, hay varios aspectos que me parecen preocupantes sobre la forma como se ha querido mercadear la operación de crédito CAF-Pnud por 350 millones de dólares para la recuperación del sector eléctrico. En primer lugar, pareciera que existiera la velada intención de oscurecer quién es el solicitante de este préstamo. La respuesta a esta pregunta es una sola: Un préstamo con garantía soberana puede ser solicitado por el único con capacidad para solicitarlo: El Ministerio de Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela. Esto no es una operación solicitada por el Grupo de Boston, ni la AN, es una operación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
El segundo aspecto que es justo aclarar es que la naturaleza de esta operación es la de crédito multilateral con todas las de la Ley, es decir, un préstamo cobrado a las tasas y plazos de los préstamos con garantía soberana de CAF, cuyos compromisos de pago de principal e intereses deberán ser asumidos por la República. Justo es decir que no hay nada particularmente “humanitario” en las condiciones del préstamo, como veladamente se ha querido transmitir.
“La destrucción del Sistema Eléctrico Nacional ha costado miles de vidas, y destruido una inmensa porción del tejido social y productivo del país”.
Lo anterior me lleva a un tercer punto. Que Venezuela, una nación en default financiero, con un problema extremo de sobreendeudamiento, contrate más deuda es, por decir lo menos, problemático. Este sería un préstamo de inversión, es decir, aunque se contrate hoy no generará deuda sino en el momento de la ejecución de obras, aun así, sorprende que se quiera discutir sin tener la más mínima información sobre el impacto de esta deuda en la sostenibilidad fiscal futura. Baste con decir que endeudar más a un país sobreendeudado debería generar preocupación de primer orden, tanto para el organismo financiador como para la AN si pretende aprobar el crédito. En ambos casos un análisis al respecto debe ser requisito obligatorio. Venezuela necesita ingentes cantidades de crédito internacional para recuperar su infraestructura, pero lo ideal sería que la nueva deuda sea contratada luego de un proceso de renegociación de la deuda actual.
Por último, es conveniente aclarar los límites de la actuación del Pnud en el esquema de ejecución de esta operación, pues pareciera que hay una deliberada intención de transmitir la idea de que será esta agencia, y no el Gobierno, el encargado de llevar a cabo las obras planteadas en el préstamo. Esto último sencillamente no es cierto.
El Pnud, y muchas de las agencias de la ONU, con frecuencia actúan como órganos alternos de administración de proyectos en países en desarrollo. Su rol es, fundamentalmente, “prestar” sus sistemas y reglamentos para hacer una adecuada administración de contratos de compras de bienes, servicios y suministros. Es decir, la agencia de Naciones Unidas “presta” sus sistemas y sus estándares para que actúen como un cerco fiduciario para la adquisición de bienes, consultorías, licitaciones de obras, compras de maquinaria. Pero, ojo, esto no quiere decir que el Pnud será quién ejecute ese gasto, el ejecutor será el Gobierno venezolano a través de sus autoridades eléctricas. Es decir, el gasto se hará con estándares de una agencia internacional, lo cual es positivo, pero quien decide en qué gastar será el Estado venezolano. El Pnud no se convertirá, ni tiene por qué hacerlo, en un ente sustituto de las autoridades eléctricas venezolanas.
¿Es la presencia del Pnud positiva? Probablemente sí, sin duda. ¿Es la presencia del Pnud suficiente para garantizar una ejecución pulcra, eficiente y ágil del gasto planteado? La respuesta es no, pues mucho dependerá del órgano de contraparte del Gobierno, es decir, Corpoelec. Dicen que para muestra basta un botón: La inconclusa represa de Tocoma, en el alto Caroní, es el mejor ejemplo de cómo abundante financiamiento multilateral, con miles de millones de dólares gastados bajo estándares internacionales, no son garantía de nada.
“Venezuela necesita ingentes cantidades de crédito internacional para recuperar su infraestructura, pero lo ideal sería que la nueva deuda sea contratada luego de un proceso de renegociación de la deuda actual”
Por último, un tema no menor. La presencia del Pnud pareciera dar aval al carácter “humanitario” de la operación, pero su presencia acarreará costos para el país. Típicamente el rol de las agencias de Naciones Unidas como administradoras de proyectos, aplican una tasa de “recuperación de costos” que está entre 7% y 12%. No sabemos cuánto planea cargar el Pnud por administrar este proyecto, pero en todo caso sería un monto no menor a 25 millones de dólares.
Las agencias de Naciones Unidas, incluyendo al Pnud, se encuentran en este momento desplegadas en Venezuela, tratando de atraer financiamiento internacional para mitigar una de las dos emergencias humanitarias del hemisferio (la otra es Haití), lo cual hace mucho más curiosa esta operación.
Cierro diciendo que, más allá de los aspectos puramente políticos, el objeto de estas líneas es señalar que la operación de crédito CAF-Pnud podría implicar costos y riesgos de ejecución que no han sido suficientemente aclarados o han sido deliberadamente oscurecidos. Con la información que se tiene hasta ahora no hay nada que indique con certeza que el objetivo último del proyecto, la recuperación del sector eléctrico, puedan ser alcanzado a través de este instrumento.
El artículo fue publicado originalmente en La Gran Aldea
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