Por Franklin Piccone
La educación toma de nuevo la palestra política en un país agrietado en su capacidad de respuesta. En las últimas semanas, muchas son las voces que se han aglomerado y precipitado en el debate, sin que se aclare adónde deberían dirigirse los esfuerzos.
En principio, hay que separar en materia educativa lo reivindicativo y lo pedagógico-curricular, como lo sugiere el sociólogo Samuel Pérez (UCV). Son temas distintos, pero imbricados en su accionar. Ahondar en uno sin perfilar el otro es profundizar precisamente la crisis que vivimos en el área.
Comencemos por lo pedagógico curricular a propósito de la suspensión presencial del año escolar con motivo del COVID-19, y la prolongación de este de manera online. Pues bien, en concordancia con lo expuesto por la Directora General de la Unesco, Audrey Azoulay, el 10 de marzo en una videoconferencia, en la cual participaron 73 países, entre ellos 24 ministros de educación y 15 viceministros; así como lo expresado este 23 de marzo por el Director Regional de la Unicef para América Latina y el Caribe, Bernt Aasen: se debe proseguir la educación de los estudiantes.
La razón es evitar el aumento de la brecha social y las desigualdades. En la teoría, la educación sigue siendo fundamental para la movilidad social. Los sectores con mayor capacidad económica y más recursos pueden compensar la pérdida de clases presenciales; no así los sectores más vulnerables, quienes vienen sufriendo las diferencias de la educación pública con respecto a la ofrecida en los planteles privados.
Estas y otras razones nos obligan a inclinarnos a favorecer la continuación del año escolar, como lo exhortan los organismos internacionales, usando todas las herramientas y los canales disponibles, ya sea a través de radio, televisión, internet o celulares. El problema es que en Venezuela no hay posibilidad de garantizar en todos los estados del país luz eléctrica ni internet. Además, no todos los educandos cuentan con celulares inteligentes. Esta opción de enseñanza es excluyente para más del 50% de la población estudiantil. Sin entrar en los detalles de la calidad y la profundidad de los contenidos televisados.
Es por ello que se plantea la opción de finalizar el año escolar de forma presencial, con las medidas de seguridad necesarias, en el trimestre que va de mayo a julio –existe otra que propone de septiembre a diciembre–. Lo que significaría un cierre medianamente digno con profesionales de la educación que puedan guiar y calificar con precisión los aprendizajes de los estudiantes en sus respectivas aulas. Esa, dicho por los expertos en la materia (profesor Luis Bravo Jáuregui), pudiera ser una manera decente de culminar el año escolar.
¿Por qué entonces decidir en abril la suspensión de las clases de todo el año escolar sin evaluar el desarrollo del virus? Ya es un secreto a voces, el régimen contiene con las medidas de aislamiento preventivo una crisis colectiva sin precedentes. No es casual que se haga uso de la plataforma Patria para coaccionar institucionalmente a estudiantes, padres, trabajadores y docentes como política de control social.
En cuanto a lo reivindicativo, diremos que la pauperización sistemática, la humillación y la burla hacia los maestros del país por este señor mezquino e indeseable, quien asume como ministro de educación, no tendrá jamás parangón en la historia reciente de la nación. Su política educativa ha sido servil al poder. Así, será tristemente reseñado en los anaqueles de la educación venezolana.
No hay sino que suscribir la misma táctica para hacer valer los derechos laborales y contractuales de los maestros y los trabajadores de la educación venezolana: Unidad política-gremial de todos los sectores educativos del país y arreciar, por todas las vías posibles, la protesta.
Franklin Piccone Sanabria es educador y dirigente político. @franklinpiccone
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