Por: David Gómez Gamboa
Con ocasión al Día Internacional del Trabajo se vuelve a poner sobre la mesa la situación laboral del profesorado universitario venezolano, que sigue devengando parcialmente salarios que le ubican en la extrema pobreza , según mediciones internacionales.
Llama la atención que esto ocurre a pesar de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de visita en el país en abril 2022, viene poniendo la lupa sobre las graves violaciones por parte del Estado venezolano a los convenios 26, 87 y 144 de la OIT y a pesar de que en 2019 la comisión de encuesta exigió “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro.”
Nótese que estamos hablando de la comisión de encuesta como el mecanismo de mayor jerarquía en la OIT para el análisis y seguimiento de las violaciones a los convenios ratificados. Ha sido tan excepcional este mecanismo, que en los 103 años de historia de la Organización se han establecido solo 13 comisiones de encuesta.
Luego de varios años, las violaciones laborales contra los profesores universitarios persisten. Desde Aula Abierta, junto con distintas asociaciones de profesores universitarios, se ha documentado cómo en el marco del ámbito universitario el Estado ha transgredido la libertad de asociación y sindical en los procesos de discusión y adopción de las convenciones colectivas del sector universitario (CCU).
Para adoptar estas convenciones colectivas, el gobierno ha discriminado a grupos gremiales y asociativos legítimos como la FAPUV e inobservado las garantías del Convenio 87 (en especial su artículo 3). Ha promovido el paralelismo sindical, cuando ha escuchado solo a organizaciones de ideología afín como la FTUV, excluyendo a la FAPUV sin garantizar el diálogo tripartito establecido en el convenio 144 y violando, en consecuencia, las garantías del convenio 87.
Asimismo, ha sido ampliamente documentado que el CNE ha obstaculizado procesos electorales en los grupos gremiales universitarios, usando la calificación de «estar en mora» para excluirlos del diálogo social, en una clara violación al artículo 3 del convenio 144 de la OIT.
El pseudo aumento salarial
Hasta el 15 de marzo de 2022, el profesor universitario de mayor escalafón devengaba como salario base menos de 11 dólares al mes, lo cual para entonces equivalía a 7 salarios mínimos en Venezuela. Vale decir que ese profesor, con esa írrita cantidad, podía comprar, probablemente, 2 pollos en un mes para la comida de su familia.
Con el pseudo aumento salarial el profesor de mayor escalafón recibió el equivalente de unos 110 dólares ese mes, lo que equivalía a 4 salarios mínimos actuales en el país, violándose con esto la propia IV Convención Colectiva (CCUIV) según la cual correspondía aproximadamente 38% más. Se dio la disminución del salario en una proporción de 7 a 4 (ver instructivo ONAPRE de Marzo del 2022).
Vale decir que el gobierno no cumple ni siquiera con la convención colectiva que ilegítimamente aprobó, lo que representa otra violación a varios convenios de la OIT por la disminución del salario en, al menos, 38% con relación a la tabla salarial descrita en la CCUIV de agosto del 2021.
Pero esto no es todo. Asombrosamente, al mes de abril, la cantidad del pseudo aumento salarial fue rebajada con una arbitrariedad tan difícil de describir, que hoy no se sabe en qué porcentaje fueron reducidos los sueldos. No se sabe si la reducción fue aleatoria o más bien ¿selectiva?
Hemos conocido casos de profesores a quienes les depositaron 45 bolívares menos de lo que ganaban antes del pseudo aumento. A otros les rebajaron el 30% de lo que habían aumentado. Hay casos de profesores a quienes les rebajaron Bs. 1000.
Con el pseudo aumento salarial, prácticamente se eliminaron las interescalas, de manera que un obrero y un profesor titular ganan casi lo mismo en una especie de “aplanamiento de las tablas salariales” para cumplir el ideario socialista. Además, se redujo la prima de antigüedad en 36% con relación al último salario.
Preocupa, igualmente, que persiste el desconocimiento de los acuerdos federativos contemplados en actas convenios vigentes para el funcionamiento de las asociaciones, las cajas de ahorro y los institutos de previsión social (IPP), todo lo cual ratifica que el objetivo del gobierno es mantener la situación del profesorado universitario en “hambre” y “enfermedad”.
Estas acciones y violaciones afectan el salario de los universitarios y mucho más que eso.
Obviamente, si a los profesores universitarios no se les permite defender sus posturas en la discusión de sus convenciones colectivas, la consecuencia es lógica: salarios insuficientes, desmejoras en las condiciones laborales, pérdida de beneficios, precarización de la seguridad social.
Todo esto limita la participación de los y las académicas en el ejercicio de la docencia, la investigación y la extensión, así como en la discusión de los asuntos públicos en Venezuela, afectando a la universidad en general y, por ende, a la democracia y al desarrollo.
DAVID GÓMEZ GAMBOA | @dgomezgamboa
Director de la Ong Aula Abierta / Docente y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ
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