Más allá de las detenciones, allanamientos y decomisos ocurridos en Caracas, Valencia, Puerto Cabello y Punto Fijo, el último operativo antidrogas ejecutado en el centro-occidente deja una gran preocupación, una inmensa angustia porque podemos estar viendo solo la punta de un inmenso iceberg de un mayor deterioro social e institucional del país, y junto a ello un incremento de la violencia de las mafias.
Desde la detención de miembros y allegados a la familia Makled y la persecución y posterior captura del líder de ese grupo, Walid Makled, comenzó a conocerse con certeza el inmenso alcance de los tentáculos del narcotráfico en Venezuela.
Luego, en noviembre de 2015, ocurrió en Haití la detención de dos sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, jóvenes que se encuentran presos en Nueva York tras ser sentenciados por narcotráfico.
También hemos presenciado los señalamientos más recientes contra altas figuras políticas del país, como Tareck El Aissami, o la acusación de la Fiscalía de EE. UU. contra Maduro y otros dirigentes oficialistas el 28 de marzo de este año. Una serie de eventos que ponen los focos en el Palacio de Miraflores.
Esta correlación de hechos alimenta la pesadumbre sobre nuestro futuro, al menos que los líderes de la nueva sociedad venezolana y los ciudadanos tomemos decisiones que impidan la perpetuación de un sistema que favorece la enquistación eterna de mafias.
Pero veamos lo que ha sucedido para conocer el problema, compartir la preocupación y buscar soluciones:
- Se conoce que una ruta usada por el narcotráfico colombiano y mexicano para llevar la droga al Caribe y Centroamérica y de allí a México y EE. UU., es la que pasa por pistas clandestinas del Zulia y conecta con Falcón para seguir su tránsito en barcos, lanchas o aviones. Eso se sabía, pero las autoridades venezolanas no desarticularon esa ruta. Además, si existe la ruta, alguien o un grupo de personas debe controlarla.
- Apuntan hacia la familia Martínez y su líder Chiche Smith, habitantes de Carirubana, estado Falcón, como las personas que controlaban esa ruta. Pero ellos vivían tranquilamente en esa zona e incluso tenían una fundación de caridad que en su accionar recordaba a otras experiencias latinoamericanas de personajes que se convirtieron en benefactores de sus vecinos, gracias al dinero proveniente del delito. Es ahora, pese a que en Paraguaná era vox populi, que las autoridades civiles y militares parecen conocer de las actividades de las cuales acusan a los Martínez. Sin embargo, la operación de narcotráfico no es asunto de una sola familia. Es una red más amplia que incluye complicidades civiles y militares.
- El hecho de que dos gobernadores, Rafael Lacava, de Carabobo; y Víctor Clark, de Falcón, así como el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, salgan a desmentir que tengan alguna relación con los hechos investigados, genera que la duda, más que ofender, preocupe. Recordemos también que por orden del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, destituyeron al jefe de la Delegación Carabobo y secretario de Seguridad Ciudadana carabobeño, José Domínguez; al subjefe, José Aldama; y al comandante de la Policía de Carabobo, Pedro Velasco. Además, Rico admitió que los funcionarios del órgano que dirige fueron separados de sus cargos para facilitar la investigación. Pero el punto es, respetando sus alegaciones en medios y redes, que ni los gobernadores ni el jefe de la policía científica parecían conocer lo que ocurría en esas entidades o lo que presuntamente hacían sus funcionarios.
El tono de esta nota ha sido expresar la preocupación sobre el futuro de Venezuela, una angustia que se incrementa ante la posibilidad de ver que el poder de las mafias sea perpetuo, con cada vez más influencia política, que consolide por generaciones lo que algunos expertos llaman el Estado criminal.
¿Soluciones? Para un tema tan complejo no existe una fórmula mágica que pueda aplicarse en un breve tiempo. Se requiere del compromiso de políticos, militares y ciudadanos para activar un plan a largo plazo que corte los tentáculos mafiosos, con un estamento jurídico que no permita la impunidad y que castigue con fuerza la corrupción cómplice de los narcos.
La otra opción a debatir es la legalización de las drogas. En junio del año pasado, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos dijo en una entrevista, con la agencia EFE, lo siguiente: “Hay que reinventar esta guerra contra el narcotráfico y las drogas y una de las formas más efectivas es quitarle la prohibición a todo lo que tiene que ver hoy con el tráfico de drogas y racionalizarlo para poderla controlar mejor”.
¿Será la propuesta de Santos una opción? Debe ser debatida por la sociedad, no solo de un país, sino del mundo entero, porque la legalización requiere de sistemas de educación y salud que, sin llegar a sancionar moralmente a quienes consumen drogas, prevengan el incremento de nuevos consumidores y trate a los existentes.
Combatir el narcotráfico o legalizar las drogas son dos opciones ante este problema global. Pero al final de esta historia, lo importante es evitar que el tráfico de drogas y su violencia haga más daños a nuestras sociedades.
César Batiz es periodista egresado de la Universidad del Zulia, especializado en Periodismo de Investigación. Director de El Pitazo. @CBatiz
Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas del país visitan El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para ellos somos la única fuente de noticias verificadas y sin parcialidades políticas.
Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso te pedimos que nos envíes un aporte para financiar nuestra labor: no cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y hagan una contribución económica que es cada vez más necesaria.
HAZ TU APORTE
