LOS PITAZOS DEL DIRECTOR
Por: César Batiz
Cuando se cumplía un mes y dos días del inicio del viaje de habitantes de Güiria que se convirtió en un naufragio con 34 cadáveres rescatados y siete desaparecidos en las aguas del Golfo de Paria, los medios de comunicación reseñamos una nueva tragedia en nuestro país: la masacre de La Vega.
La Vega, ubicada en el centro-oeste de Caracas, es una de las 22 parroquias del municipio Libertador, donde conviven más de 200.000 habitantes. Aunque cuenta con sectores clase media, ahora empobrecida, como Montalbán, predominan los barrios desarrollados en los cerros con improvisadas construcciones. Ese fue el escenario de la masacre.
Desde mediados de diciembre, en la parte alta de La Vega, en Barrio Alegre y La Zulia, se observó la presencia de hombres jóvenes con armas largas y equipos de telecomunicación, según reseñó El Pitazo a principio de esta semana. De acuerdo con las fuentes, se trataba de personas vinculadas a Carlos Luis Revete, alias el “Coqui”, líder de la banda que manda en la zona de la Cota 905, quien quiere ampliar su control criminal a esa zona.
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Esta semana, primero se conoció de tiroteos atribuidos entre bandas que causaron el desvelo y la angustia de los habitantes del sector. Reconocen vecinos, con quienes conversamos para esta nota, que se sentían atemorizados por la presencia armada de los extraños, por eso apagaban todas las luces de la casa a las 5:00 pm, incluyendo las de los arbolitos.
El viernes llegaron a La Vega comisiones policiales que comenzaron a tomar los barrios de la parroquia. De inmediato se conocieron las cifras de los primeros muertos, con un balance para la tarde del sábado 9 de enero, de 22 asesinados, 19 en lo que se ha presentado como un enfrentamiento entre miembros de la banda del “Coqui” y funcionarios de las Fuerzas y Armadas Especiales y otras brigadas de la Policía Nacional Bolivariana.
Un texto de Monitor de Víctimas publicado este domingo, recoge testimonios de familiares de jóvenes asesinados por lo que ellos reconocieron como funcionarios de la Faes. Un hombre asesinado frente a su familia. Otro que recibió seis disparos porque no pudo correr cuando llegaron los policías. Un muchacho que desatendió la advertencia de un vecino de que no fuera a la parte alta del barrio, donde lo agarraron los policías y lo desaparecieron.
El viernes llegaron a La Vega comisiones policiales que comenzaron a tomar los barrios de la parroquia. De inmediato se conocieron las cifras de los primeros muertos, con un balance para la tarde del sábado 9 de enero, de 22 asesinados
César Batiz
El exdirector de Provea, Marino Alvarado, presentó una hipótesis: La masacre en La Vega buscaría apagar la protesta social que se inició en julio del año pasado, debido a las fallas en los servicios públicos. Una vecina de un sector limítrofe con La Zulia, asegura que en los últimos meses bajó el nivel de los reclamos, aunque persisten problemas con el agua y gas.
Una fuente policial consultada para este artículo advierte que existe una tendencia en la actual dirección de la policía de sumar víctimas mortales en los procedimientos en los barrios, sin contar con el trabajo de inteligencia que ayude a determinar quiénes son los verdaderos delincuentes, con expedientes sustentados de sus fechorías.
Por eso, hallar ciudadanos que hayan sido víctimas de los 19 asesinados y más de 12 detenidos en el procedimiento de La Vega, es uno de los problemas que confrontan los jefes de los funcionarios quienes actuaron en el operativo.
El hecho de que los sucesos de La Vega alcance el deshonroso registro histórico de la mayor masacre en un operativo policial en Venezuela, debería obligar al fiscal general Tarek William Saab, y al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, a abrir una investigación que determine si los policías cometieron distintos crímenes en el procedimiento, sin importar, incluso, el prontuario delictivo de las víctimas, que es algo que cuesta entender a la mayoría de los ciudadanos, quienes normalizan los crímenes atroces cometidos por funcionarios policiales y militares.
Claro está, existe poca esperanza de que esa investigación se realice a solicitud del fiscal y el defensor del Pueblo, así como tampoco ha ocurrido con el caso de los #NáufragosDeGüiria, que el gobierno de Nicolás Maduro resolvió señalando a las víctimas de ser responsables de su tragedia.
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Por eso, es que resulta importante la labor de los medios independientes que ahora atacan desde el oficialismo, como ocurrió esta semana con Efecto Cocuyo, Fe y Alegría, Panorama, VPItv, TalCual, El Estímulo, Caraota Digital y El Pitazo.
Mientras contemos con el respaldo ciudadano, seguiremos como tribuna para denunciar masacres como la de La Vega y tragedias como la de Güiria. De allí la importancia de organizaciones de la sociedad civil, como Diálogo Social y Provea, en impulsar la defensa de la libertad de expresión e información. Esperamos también la reacción de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONIU, Michelle Bachelet, porque #InformarNoEsDelito.
CÉSAR BATIZ | @CBatiz
Periodista egresado de la Universidad del Zulia, especializado en Periodismo de Investigación. Director de El Pitazo.
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