David Rico | @DavidRicoC | Consultor político
En el complejo escenario político nacional, el gobierno ha decidido cambiar de estrategia, desplegando una narrativa para encubrir lo que algunos analistas electorales consideran un rotundo fracaso, el reciente referéndum sobre la consulta al Esequibo. A pesar de los datos proporcionados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que reflejan un abrumador 90% de apoyo a las cinco preguntas planteadas, la verdadera dimensión de la participación ciudadana se torna turbia y dudosa.
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, reportó 10,5 millones de votos, pero las sombras de la duda se ciernen sobre la participación real, estimada por muchos en no más de 2,1 millones de electores. Esta discrepancia ha desatado un debate acalorado entre analistas y líderes opositores, quienes cuestionan la transparencia y la legitimidad de los resultados.
No obstante, el Gobierno ha optado por desviar la atención hacia acusaciones infundadas contra los líderes opositores que han señalado la escasa participación. El fiscal Tarek William Saab parece orquestar una maniobra para restarle importancia al evento electoral y socavar el interés público en torno a él, solicitando orden de captura en contra de líderes opositores, ex miembros del gobierno chavista y miembros del equipo de María Corina Machado.
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En este complejo panorama, se diluye la memoria reciente de un hito histórico para la oposición como lo fue la elección abrumadora de María Corina Machado como líder tras ganar las primarias. Sin embargo, el referéndum convocado ha eclipsado este logro, atrayendo la atención hacia las declaraciones del gobierno nacional y de Guyana, generando especulaciones sobre un posible conflicto de magnitudes impredecibles.
No obstante, la fragilidad del proceso y la falta de datos precisos han sido nuevamente eclipsados por un nuevo ataque contra los líderes opositores. Sorprendentemente, luego de muchos líderes apresados en el pasado habían sido liberados como parte de un proceso de negociación que buscaba la liberación de presos políticos y el establecimiento de elecciones democráticas, ahora, la oposición y sus líderes se encuentran nuevamente en la mira del gobierno.
Este círculo vicioso sugiere que el gobierno, ante la presión interna y externa, busca controlar la agenda mediática a cualquier costo. Dinamitar los procesos de negociación y recurrir a la persecución y acoso a la disidencia parecen ser las cartas recurrentes en su estrategia.
Es innegable que tanto las negociaciones en curso, la persecución a líderes opositores, como las tensiones con Guyana serán los temas centrales de la comunicación gubernamental. Se perfila una estrategia que busca sembrar el temor y mantener una constante inestabilidad, permitiendo así al gobierno dominar el juego y llevarlo al terreno que mejor domina.
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