Múltiples organizaciones no gubernamentales con presencia en el país coinciden en que la violencia y la inseguridad ciudadana se pueden agrupar así:
- Incapacidad del Estado para proveer seguridad ciudadana a los ciudadanos, en donde el Estado ha sido incapaz de otorgar las condiciones para el resguardo de la vida de las personas y explican 75% de los casos de homicidios del país.
- Una inseguridad generada directamente por el Estado debido al uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. Se estima que aproximadamente la cuarta parte de los homicidios son causados por los cuerpos de seguridad del Estado, por medio de las ejecuciones extrajudiciales y enfrentamientos.
¿Qué podemos hacer al respecto? El día de mañana heredaremos las mismas organizaciones y tendremos la necesidad de trabajar con funcionarios y profesionales que han sido responsables del 25% de los homicidios del país y el reto es lograr reformas policiales donde se pase del esquema netamente represivo a un esquema preventivo.
¿Cómo podemos hacer esto es posible? Primero que todo, tener en cuenta que toda reforma se seguridad no va a ser alcanzada en el corto plazo, por que es necesaria la modificación del aparato institucional, la formación de los funcionarios así como conseguir los recursos para lograr los cambios mediante el programa de Plan País.
En segundo lugar, es vital que en el centro de las políticas se encuentre el derecho a la vida y respeto a los derechos humanos de cualquier persona. Esto dará pie a profundos cuestionamientos sobre el proceder de los organismos policiales y el rol que están cumpliendo unidades como FAES mediante las OLPs. Si este punto no es socialmente aceptado, estaremos repitiendo el mismo esquema represivo que se ha impuesto en los últimos años y será imposible generar confianza en los cuerpos de policía.
En tercer lugar, será necesario la recuperación del carácter civil de la policía. Actualmente gran parte de los funcionarios de alto rango de la Policía Nacional son controlados por funcionarios militares, lo que ha hecho que la formación y tácticas sean más castrenses que civiles. Para ello es necesario recuperar el papel de los funcionarios de carrera y la formación continua. Un ejemplo de ello es cómo se pueden generar carreras de diferente duración para los funcionarios, como es el caso del cuerpo de carabineros chileno o bien la Policía Nacional Española que permitan capacitar con mayor especificidad.
En cuarto lugar, la integración de políticas a los tres niveles de gobierno, en donde haya una complementariedad y se busque garantizar recursos para la continuidad de las acciones, especialmente a nivel preventivo.
Ante estos puntos, generemos los principios y valores en los que queremos fundamentar nuestra futura política de seguridad ciudadana, donde se discutan las ideas y no repitamos los mismos errores.E
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