Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ejército Popular de Liberación (EPL). Disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Frente Bolivariano de Liberación (FBL). Piratas. El Tren del Llano. Bacrim. La Piedrita. El Cartel de los Soles. Hezbollah[1].
Estos son algunos nombres de las organizaciones criminales que operan en Venezuela actualmente y que suponen uno de los principales retos en materia de seguridad ciudadana y defensa para el Estado venezolano (cómplice del crimen organizado bajo Chávez y Maduro)[2] durante la transición y reconstrucción del país. Este artículo pretende señalar algunos de los retos y posibles soluciones:
- Heterogeneidad de los grupos criminales: Si bien todos los grupos irregulares y de crimen organizado son organizaciones delictivas, su origen y motivación varía de manera importante. Grupos como el ELN, EPL y FBL tienen claras orientaciones y motivaciones políticas y en el caso de las guerrillas colombianas y el FBL, su supervivencia depende en buena parte de que puedan continuar operando desde territorio venezolano. Otros grupos como el Cartel de los Soles o el Tren del Llano son organizaciones criminales sin ideologías política definidas.
Estas diferencias hacen que su aproximación pueda requerir ser distinta: mientras con el FBL se pudiese -por ejemplo- encausar en diálogos para su incorporación a la vida política, no se puede hacer lo mismo con El Tren del Llano, como ya se intentó -fallidamente- a través de las zonas de paz.
- Corrupción dentro de los cuerpos de seguridad, defensa y justicia: Un eventual gobierno de transición recibirá instituciones corruptas y corrompidas por intereses criminales. El propio hecho de que se reporte de “El Cartel de los Soles”, que se permita la presencia de grupos criminales extranjeros en territorio nacional o que los sobrinos de la pareja presidencial hayan podido salir en un avión desde una rampa del principal aeropuerto son sólo muestras del nivel de corrupción. No importa la calidad de las políticas públicas que se realicen, si su cumplimiento y seguimiento está comprometido por las propias instituciones que deben ejecutarlas.
- Modelos económicos que favorecen al crimen organizado: La economía venezolana tiene una serie de controles y distorsiones tales como el control cambiario, el desproporcionado subsidio a la gasolina, la inexistente regulación efectiva del sector minera, entre otros que generan importantes incentivos para la corrupción en cuerpos de seguridad, pero también suponen una importante fuente de ingresos para el crimen organizado. Quizá el caso más visible es el contrabando de gasolina de Venezuela a Colombia, clave para financiar grupos irregulares.
Estos son solamente algunos de los retos para tener un país seguro y soberano. Ahora bien, ¿qué se puede hacer para mitigar y combatir la presencia de grupos de crimen organizado e irregulares foráneos y nacionales? A continuación, algunas ideas[3]:
- Hacer que la seguridad no sea percibida únicamente como materia de los ministerios de defensa e interior y justicia: Acciones en otras áreas como la económica/financiera pueden tener gran impacto sobre la seguridad ciudadana. Se debería tener un grupo de trabajo de alto nivel entre distintos ministerios y actores públicos y privados para asumir una visión holística e integral de la seguridad.
- Re-estructurar las instituciones de seguridad y defensa: Por cada policía (incluyendo CICPC) hay, al menos 5 militares (incluyendo milicianos) sin justificación alguna. Se debe reestructurar de manera integral todos nuestros cuerpos de seguridad y defensa para que puedan ser sostenibles financieramente, más profesionales, dignos y mucho menos corruptos.
- Voluntad política y cooperación bi-nacional: Para vencer al crimen transnacional, se debe tener la voluntad política de hacerlo y convertirlo en una prioridad nacional y además trabajar de manera cercana a nuestros países vecinos. Acabar con la presencia del ELN en Venezuela requiere de coordinación con las autoridades colombianas.
Las soluciones para mitigar a los grupos irregulares y crimen organizado implican gran cantidad de recursos financieros, humanos, diplomáticos y políticos para solucionarse y, de no hacerse correctamente, puede llevar a un escenario de control social en partes del territorio y de territorios donde el estado es fallido.
Sin embargo,
otros países han resuelto situaciones similares y Venezuela, bajo un nuevo
gobierno, no será la excepción.
[1] https://foreignpolicy.com/2019/02/09/hezbollah-is-in-venezuela-to-stay/ ; https://informe21.com/politica/fiscal-de-colombia-dice-que-las-disidencias-de-las-farc-delinquen-desde-venezuela ; https://diariodelosandes.com/site/fundaredes-puso-a-disposicion-de-cancilleria-colombiana-pruebas-de-presencia-de-guerrilla-en-venezuela/ ; https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/piratas-del-caribe-despejan-ruta-de-la-droga-entre-venezuela-y-trinidad/
[2] Para un estudio detallado ver https://es.insightcrime.org/investigaciones/venezuela-estado-mafioso-2/
[3] Se pueden ampliar en http://amnistiaonline.org/SeguridadCiudadana/Publico/Librillo_SC.pdf
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