Las acciones emprendidas desde hace meses por los familiares de las personas que desaparecieron en alta mar desde las poblaciones de La Vela y Tiraya, en el estado Falcón, ha desembocado en la conformación de una comisión especial por parte de la Fiscalía Superior con competencia en Derechos Humanos que investigará los casos de los balseros, que se dirigían hacia Aruba y Curazao.
El presidente del comité nacional de víctimas desaparecidas en alta mar, Jhonny Romero, informó en entrevista telefónica este lunes, 6 de julio, que la semana pasada acudieron a la sede regional del Ministerio Público con el interés de verificar los pasos de la fiscalía en torno las desapariciones, con lo que finalmente consiguieron les fue anunciada la conformación de la comisión el viernes 3 de julio.
El 7 de junio de 2019, 34 personas salieron desde La Vela, en el municipio Colina, en una lancha que nunca llegó a su destino en Aruba. Los familiares de estos balseros emprendieron una amarga travesía que ha estado plagada de contratiempos y negativas por parte de las autoridades nacionales, para lograr que se pongan en marcha las averiguaciones en profundidad que develen lo ocurrido con los balseros.
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Romero destacó que a la lucha se unieron familias paraguaneras cuyos hijos, padres, hermanos y esposos, corrieron con la misma suerte hace algunos meses cuando intentaban salir desde Tiraya, en el municipio Falcón, hasta la vecina isla de Aruba, el pasado 15 de enero de este año.
Señaló que la conformación de una comisión especial por parte del Ministerio Público sería una de las acciones esperadas por los familiares de los desaparecidos, que en total suman 60 personas. Esperan con esta acción poder conseguir mayor información sobre qué fue lo que ocurrió con sus allegados durante su viaje a las islas neerlandesas.
Por las desapariciones de las embarcaciones en Falcón, hay dos personas detenidas por su supuesta vinculación con estos casos, pero ocho diferimientos de audiencias preliminares y, lo que consideran los familiares de las víctimas, como incompetencia de los fiscales en adelantar las acusaciones por el delito de trata de personas, manteniendo en un limbo el proceso judicial.
Romero expresó que existen esperanzas de que su lucha de más de un año obtenga una respuesta con la comisión encabezada por la Fiscalía Nacional de Derechos Humanos, con la colaboración de investigadores de otros organismos de seguridad del país.
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