Para hoy 21 de noviembre en horas del mediodía estaba prevista la audiencia de juicio de los ocho exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana acusados de violación y tratos crueles en contra de un estudiante en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales de 2017.
La audiencia fue diferida por séptima vez consecutiva en menos de cuatro meses por razones relacionadas al traslado de los acusados y la falta de comparecencia de los representantes del Ministerio Público. El caso, al que representa la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez), ha sido diferido en anteriores ocasiones por razones similares relacionadas a retrasos judiciales y la inasistencia de los representantes fiscales, divulgó en una nota de prensa Codhez.
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La causa que actualmente conoce el Juzgado Tercero de Juicio, a cargo de la jueza suplente Deisy Hernández, ya tiene un historial de dilaciones procesales. En 2018, la audiencia preliminar ante los juzgados de control fue diferida seis veces hasta que finalmente pudo desarrollarse el pasado mes de diciembre.
Codhez recuerda que el retardo procesal inherente al sistema judicial venezolano es uno de los obstáculos para que las víctimas puedan acceder a la justicia en el país, siendo además un elemento que promueve la multivictimización, al no poder configurarse la reparación debida ni la sanción a los responsables.
La organización de derechos humanos insiste además en que este caso presenta elementos de convicción que prueban la perpetración de tortura, y no obstante, los exfuncionarios serán juzgados por los delitos de violación y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En los últimos años, en Venezuela se ha observado el incremento de las denuncias por tortura y tratos crueles, un hecho documentado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su reciente visita al país. Desde el Estado venezolano no ha existido una respuesta firme en contra de estas denuncias.
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