Caracas.- La condena a ocho funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana por ser señalados como responsables de tortura sexual en contra de un joven que estaba manifestando en las protestas antigubernamentales en julio de 2017 no exime de responsabilidad a los altos cargos de ese cuerpo policial y a los cuales no se les ha abierto una investigación.
Así lo precisa la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia, Codhez, en una nota de prensa que enviaron a los medios este 2 de noviembre. “No hay altos cargos de la Policía Nacional Bolivariana investigados, a pesar de haber evidencias suficientes para iniciar procedimientos disciplinarios y penales. El Estado tampoco ha reparado el daño que infligió al joven. No hay justicia sin reparación a la víctima”.
Con este punto, Codhez precisa que “la falta de reparación de la víctima, la ausencia de investigación a altos cargos de la PNB y la revictimización por el sistema de justicia, reafirman la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, bajo el principio de complementariedad. La Corte debe evaluar este caso como muestra del patrón sistemático de violaciones de derechos humanos en Venezuela desde al menos abril de 2017”.
La Comisión de Derechos Humanos pide al Estado que “debe reparar apropiadamente el daño que infligió al joven mediante la tortura sexual, el sometimiento de este a la justicia militar y la detención arbitraria por motivos políticos. Hasta que estas tres violaciones sistemáticas no hayan sido reparadas, no habrá justicia para la víctima y existirá la posibilidad de repetición de estos graves crímenes”.
Resalta Codhez, se ha revictimizado al joven al exhibir su identidad, lo que expone su seguridad personal y su privacidad, pese a que se solicitó la reserva. De hecho, “el Estado, a través de una nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia y mensajes en redes sociales” publicó el nombre de la víctima.
En la nota que envió Codhez a los medios se especifica que la víctima “ha solicitado en múltiples ocasiones la reserva de su identidad por razones de seguridad y privacidad, pero los requerimientos han sido ignorados por el Circuito Penal del estado Zulia, a pesar de haberse reportado actos de persecución ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público”.
La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción complementaria para conocer del caso, precisa la Codhez, en representación y asistencia legal de la víctima, “exhorta al Estado venezolano: a reparar el daño que ocasionó al joven, detener la política de exhibición de los datos identificatorios de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y proteger el derecho a la seguridad personal y a la privacidad de la víctima en el proceso judicial”.
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