Por Andrea Barrios *
Barquisimeto.- La Unión Nacional de Caficultores Venezolanos exigió, este miércoles 15 de febrero, ante el Ministerio Público del estado Lara, a través de un oficio, anular las imputaciones de ocho productores de café larenses, luego de participar en una protesta realizada el 1 de noviembre del año 2022, en la que pedían se respetase el precio de comercialización que el gremio había acordado con la Corporación Venezolana del Café (CVC).
El vocero del sector productivo, Félix Saavedra, explicó que el pasado lunes 6 de febrero, dos caficultores de Sanare, municipio Andrés Eloy Blanco, fueron privados de libertad y el viernes 10 de febrero les dictaron arresto domiciliario. Asimismo, se mantiene la orden de captura de otros seis campesinos bajo los cargos de cierre y obstaculización de la vía pública, asociación para delinquir, instigación a delinquir y violencia privada.
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Criminalizar la protesta
Saavedra explica que estas imputaciones fueron causadas por la «criminalización de la protesta» a raíz de las manifestaciones que llevaron a cabo el 1 de noviembre del año 2022 los caficultores de Sanare, con el fin de exigir la debida atención del Ministerio de Agricultura y Tierra, Vicepresidencia de la República y Asamblea Nacional ante la indiferencia de la CVC hacia el «descenso artificial» de los precios del saco del café causado por la alta importación del rubro.
«No es justo que a nosotros los campesinos se nos trate como una banda. Si se tranca la vía para una acción mayor como hurtar, robar sí es delito, pero no cuando es para manifestar pacíficamente como no los permite la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artículo 68″, expresó Saavedra.
Al contrario, para los cargos, para las imputaciones se está utilizando al artículo 357 del Código Penal venezolano, que no tiene relación con la protesta realizada en Sanare.
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«Quien ponga obstáculo en una vía de circulación de cualquier medio de transporte, abra o cierre las comunicaciones de esas vías, haga falsas señales o realice cualquier acto con el objeto de preparar el peligro de una catástrofe, será castigado con pena de prisión de cuatro a ocho años», refiere el documento entregado en la sede del Ministerio Público, ubicada en la avenida Lara de Barquisimeto.
Por su parte, Henry Pérez, caficultor de Humocaro Alto, destacó que en el mes de diciembre se había acordado con el ministro de Agricultura y Tierra, Wilmar Castro Soteldo, así como con la Cámara de Industriales que se iban a respetar los precios acordados del café: 190 dólares el quintal de café corriente, 220 dólares el natural y 240 dólares el lavado. Pero, según explicó, este acuerdo no lo cumple la CVC, por lo que decidieron protestar a finales del año 2022.
«Señor ministro, le hago un llamado a que le meta el Sebin a esos corruptos vagabundos que no han acatado los precios, así como mandan a los funcionarios públicos contra los compañeros caficultores», manifestó Pérez.
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Asimismo calificó como «hostigamiento y atropello» las acciones contra sus compañeros productores por manifestar pacíficamente el 1 de noviembre de 2022.
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