Caracas.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) insistieron en la necesidad de garantizar el acceso a la salud a los venezolanos migrantes con enfermedades crónicas en Colombia y en el resto de los principales países de acogida y de tránsito en la región.
Asimismo, solicitaron el domingo 29 de marzo que se haga una evaluación del impacto de las medidas que restringen la circulación fronteriza de miles de venezolanos y colombo-venezolanos que diariamente cruzaban a Colombia para alimentarse.
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“La Comisión resalta que la pandemia del COVID-19 no puede ser utilizada como excusa para que los Estados evadan sus obligaciones de derecho interno e internacional en relación con poblaciones que necesitan especial protección”, añade el texto.
La Cidh y su Redesca recordaron que toda persona, “independientemente de su situación migratoria o de su origen, tiene derecho a recibir la misma atención médica que los nacionales del país de tránsito o acogida”.
Por su parte, la Asociación Ávila Monserrate demandó a las autoridades colombianas “una elevada capacidad de comunicar a la población (migrante venezolana) de manera clara las medidas necesarias para enfrentar” la incertidumbre de obtener alimentos, medicinas y servicios públicos, debido a las medidas adoptadas para contener el coronavirus, si bien reconoce “la solidaridad que Colombia ha demostrado con creces respecto de la migración venezolana”.
Llamó además a algunas autoridades y líderes de opinión a no alimentar la xenofobia en contra de los venezolanos migrantes, al pretender asociar actos delictivos con migrantes, y en especial con venezolanos, a propósito de saqueos a comercios en algunas zonas de Colombia.
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“Queremos recordar que las recomendaciones de los organismos expertos de cooperación internacional, tanto sanitarios como de DD. HH., están enfocadas en no estigmatizar a una comunidad específica, ya que en una situación de calamidad, el señalamiento de un grupo poblacional por parte de un funcionario de gobierno, un líder político o un medio de comunicación produce un grave riesgo de exclusión, violencia y violación de sus derechos, justamente lo contrario de lo que es el llamado de los líderes globales: solidaridad y el cuidado colectivo”, indicó el viernes 27 de marzo la organización colombo-venezolana mediante un comunicado.
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