Caracas. William Alberto Pirela Espina saborea una victoria que arropa a un conjunto más grande de migrantes venezolanos en Colombia porque se convierte en referencia obligatoria para los jueces a la hora de resolver casos similares.
El venezolano ganó el derecho a ejercer su profesión de contador público en Colombia. Él, que tiene 60 años, experimenta un nuevo nacimiento profesional.
«Gracias a mi Dios por darme la fortaleza de mantener la lucha que por más de cuatro años sostuve hasta lograr mi objetivo”, escribió en su cuenta de Instagram el 26 de abril, apenas conocer la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, la máxima instancia judicial del país.
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El caso no fue fácil. El zuliano tuvo que enfrentar numerosos obstáculos y demoras burocráticas, incluso con el título de Licenciado en Contaduría Pública convalidado.
Sin embargo, su determinación y el apoyo de dos organizaciones defensoras de migrantes lo mantuvieron firme en su lucha.
A una de ellas, el Centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, la decisión judicial la lleva a afirmar que una golondrina sí hace verano, dándole otro giro al refrán popular, ya que la sentencia sienta jurisprudencia y un precedente en la garantía de los derechos laborales de migrantes en Colombia.
En otras palabras, considera que el fallo sí puede ser suficiente para determinar un cambio en la situación de los venezolanos que solicitan la expedición de la tarjeta profesional para ejercer sus carreras en territorio colombiano.
“Esta decisión le permitirá trabajar en el país como contador público y, de paso, le abre una ventana de oportunidad a muchas personas extranjeras que pueden encontrarse en una situación similar”, añadió Dejusticia en una nota de prensa, en la que cuenta parte de la historia del venezolano.
Un buen número de migrantes venezolanos suele encontrar dificultades para acceder al trabajo en Colombia, a pesar de los esfuerzos de regularización de los gobiernos. En algunos casos, debido a requisitos adicionales o a trámites burocráticos complejos.
Un largo camino por el derecho al trabajo en Colombia
En diciembre de 2018, William Pirela emigró a Colombia, donde encontró un panorama desafiante. Con una amplia experiencia académica, su propósito era residenciarse y ejercer su profesión. Así que obtuvo un Permiso Especial de Permanencia (PEP), válido hasta 2023.
Antes de que se venciera, en noviembre de 2021 se acogió al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), que le permitió ser titular del Permiso por Protección Temporal (PPT).
Gracias al permiso y el tiempo que había pasado viviendo en Colombia, Pirela confiaba en que el sueño de ejercer su profesión estaba a punto de hacerse realidad.
Además, ya tenía el título de contador público convalidado. Nada podía fallar. Así que inició el trámite ante la Junta Central de Contadores para sacar la tarjeta profesional que le permitiría ejercer la carrera de una vez por todas.
Sin embargo, en abril de 2022, la entidad le negó la solicitud, argumentando que no cumplía con algunos requisitos específicos.
Desesperanzado, pero sin rendirse, Pirela volvió a insistir y entregó los nuevos documentos que le exigían. La respuesta de la Junta Central de Contadores fue otra vez no.
“Esto limitó el ejercicio de su profesión y le cerró sus posibilidades laborales”, indica Dejusticia.
Seguro de sus decisiones, el zuliano interpuso una tutela, un recurso legal que busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Sin embargo, Pirela enfrentó dos reveses judiciales en un largo y arduo camino por sus derechos al trabajo y al desarrollo profesional, antes de saborear la victoria en la Corte Constitucional de Colombia en abril de 2024.
En su intervención en la máxima instancia judicial colombiana, Dejusticia demostró que el migrante venezolano enfrentaba barreras legales irrazonables para obtener su tarjeta profesional de contador público, lo cual violó sus derechos al debido proceso y al trabajo.
El equipo de abogados que defendió a Pirela sostuvo que entre los obstáculos más desafiantes que debió vencer están requisitos contradictorios sobre la residencia en el país y una interpretación desproporcionada de las condiciones para expedir la tarjeta profesional según el tiempo de permanencia en Colombia.
“William vivió ininterrumpidamente en Colombia por más de tres años, que es el requisito exigido por las autoridades para obtener la tarjeta profesional, lo cual se puede corroborar en la expedición de los permisos de permanencia. Negar la validez de estos documentos fija un estándar imposible de cumplir para migrantes venezolanos y, por ende, impide el acceso justo al mercado laboral”, defiende Dejusticia.
Licenciado en Contaduría Pública, especialista en Tributación y diplomado en Docencia para la Educación Superior de la Universidad del Zulia (LUZ), William Pirela puede ahora solicitar la tarjeta profesional, seguro de que Colombia le abrirá las puertas para ejercer su profesión.
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