San Juan.- El Tribunal Supremo de Trinidad y Tobago ordenó el lunes 20 de noviembre al Gobierno indemnizar con 385.600 dólares a 29 migrantes venezolanos que estuvieron detenidos en condiciones deplorables durante 2020.
La jueza Carol Gobin impuso al Gobierno un pago de 281.600 dólares para los 16 menores que se encontraban entre los detenidos, y de 104.000 dólares para los 13 adultos.
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Los hombres estuvieron en la comisaría de Siparia, al sur de Trinidad, en celdas oscuras y calurosas; mientras que las mujeres y los niños quedaron retenidos en Fyzabad, en el suroeste del país, sin privacidad ni provisiones para su higiene.
Gobin sostuvo que con esta indemnización se compensa a los migrantes por las condiciones «degradantes e inhumanas» que pasaron en las celdas.
«Para los niños fue sencillamente cruel», indicó la magistrada. Aunque reconoció que la detención de los venezolanos en julio de 2020 era «inevitable» por su entrada de modo ilegal en el país, la jueza señaló que hubo un atraso de 14 días en lo que la Policía coordinaba con las autoridades migratorias.
A partir del 17 de agosto de 2020, los migrantes fueron puestos en libertad supervisada por la División de Inmigración de Trinidad y Tobago y, al día de hoy, siguen en el país.
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