Caracas. El Gobierno de Trinidad y Tobago anunció que extenderá una vez más los permisos de trabajo de los venezolanos registrados en la isla caribeña desde 2019, reseñó NewsDay el lunes, 16 de enero.
La nota del medio digital trinitense indica que el ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, hizo el anuncio en el programa de radio Eye on Dependency en i95.5FM. Dijo que se trata de una «decisión humanitaria» similar a la aprobada a personas de otras nacionalidades que se encuentran en ese país por razones socioeconómicas.
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Hinds señaló que en el caso de los venezolanos, el gobierno de Trinidad y Tobago otorga permisos de trabajo desde 2019 y muchos llevan más de ocho años en la isla. Aseguró que actualmente 9.133 venezolanos tienen cédulas de registro actualizadas, pero 449 cometieron delitos o violaron la ley y fueron devueltos a su país.
Hinds dijo también que hay una gran cantidad de venezolanos que han regresado a su país por voluntad propia y aún están evaluando el estatus de otros 4.000. Asimismo, indicó que Trinidad y Tobago ha estado trabajando de cerca con la embajada de Venezuela en una acción conjunta sobre repatriación.
Venezolanos en espera de derechos en Trinidad y Tobago
El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago no dijo cuánto durará esta extensión de los permisos de trabajo de venezolanos. Se espera la publicación del decreto oficial para conocer los detalles de esta cuarta prórroga de permisos de trabajo para venezolanos desde 2019, cuando 16.523 optaron inicialmente por una amnistía que les permitiera permanecer en Trinidad y Tobago, refiere Newsday.
Julmary Madriz Belle, líder comunitaria venezolana, dijo a Newsday que la nueva renovación de permisos de trabajo es un alivio para las 9.133 personas registradas.
«Le da a los empleadores la confianza para continuar dándoles trabajo», dijo. Sin embargo, Madriz reclamó una mejor comunicación entre el gobierno de Trinidad y Tobago y los venezolanos en la isla para acordar una solución a la falta de acceso a la educación de los niños venezolanos, por ejemplo.
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“Debe haber un canal directo de comunicación para todas aquellas quejas y recomendaciones de muchas personas, directa e indirectamente, afectadas. Debemos sentarnos en una mesa junto al Ministerio de Educación para encontrar una solución a la grave situación de miles de niños sin poder estudiar en el país perdiendo años de aprendizaje que los afectará de por vida”, dijo.
La venezolana también señaló que hay muchos compatriotas en proceso de obtener la residencia a los que no se les otorgó el permiso de trabajo.
La venezolana Marilyn Godoy demandó el cumplimiento de otros derechos al Gobierno de Trinidad y Tobago: «Los que estamos registrados deberíamos tener permisos para poder ir a Venezuela a visitar a nuestras familias y regresar a nuestros trabajos aquí sin perder nuestro registro».
Asimismo, los venezolanos solicitaron al ministro de Seguridad Nacional que los permisos de trabajo sean reconocidos por los organismos públicos y privados para mejorar sus condiciones de vida en la isla.
«Muchas personas aquí no saben que nuestros permisos de trabajo han sido renovados. Eso nos impide abrir cuentas bancarias, mantener trabajos, calificar para beneficios laborales que por ley nos deben proteger, así como calificar para licencias de conducir. Muchos venezolanos podrían ser contratados como choferes pero no pueden porque no tienen licencias», dijo.
Restricciones al derecho al asilo en Trinidad y Tobago
Por su cercanía geográfica, Trinidad y Tobago ha sido destino de la migración forzosa venezolana. Sin embargo, el gobierno trinitense mantiene una política hostil hacia los venezolanos que no encuentran otra manera de llegar a ese país insular si no es a través de vías irregulares.
De hecho, Trinidad y Tobago sigue restringiendo el derecho al asilo a los venezolanos. Amnistía Internacional (AI), en su Informe anual 2021-2022. Análisis global y perspectivas regionales, señala que ese país insular sigue siendo uno de los pocos países de las Américas carentes de legislación nacional sobre el asilo.
«En la práctica, esto significaba que las personas que solicitaban protección o eran reconocidas como refugiadas por el Acnur —que tramitaba las peticiones de asilo en el país— seguían teniendo acceso limitado a muchos de los derechos consagrados en la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados y en su Protocolo, en los que Trinidad y Tobago es Estado parte», se lee en el informe.
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El 5 de febrero de 2022 oficiales de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago dispararon contra una embarcación de migrantes venezolanos y mataron a un bebé que iba a bordo del bote e hirieron de bala a la madre.
En la embarcación iban 20 personas oriundas de Tucupita. Entre el grupo de pasajeros viajaban varios niños, niñas y adolescentes. Todos escapaban de la crisis humanitaria que soporta Venezuela.
Otros venezolanos han corrido peor suerte. El naufragio de una embarcación venezolana con destino a Trinidad y Tobago dejó 41 muertos en las costas del estado Sucre, luego de salir de manera irregular de las costas de Güiria el 6 de diciembre de 2020. El hecho ocupa el primer lugar como la tragedia migratoria con más víctimas en América en 2020.
Con información de Newsday
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