Caracas.- El flujo de cerca de 3.000 migrantes que atraviesan diariamente la selva del Darién se ha convertido en un asunto que busca ser resuelto entre Panamá, Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, la gran afluencia de personas les impide llegar a una solución concreta, reseñó el medio noticioso colombiano La Silla Vacía.
“Colombia se quiere deshacer de los migrantes, Panamá no los quiere recibir, pero tiene que hacerlo. Y los migrantes se convierten en una papa caliente que se pasan entre países y nadie asume la responsabilidad”, dijo el coordinador de la fundación panameña Fe y Alegría, Elías Andrés Cornejo, a La Silla Vacía.
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Posible cierre de frontera de Panamá
El Gobierno de Panamá se plantea el cierre de la frontera para controlar los flujos migratorios.
“Este es un problema para la seguridad nacional. Así lo ha tomado Panamá, con gran compromiso y responsabilidad, pero estos tienen un límite y algunos países del sur le han dado la espalda al problema”, dijo Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad.
Sin embargo, Cornejo opina que el cierre de la frontera «es una bravuconada del gabinete panameño», en respuesta a la falta de atención de Colombia ante la situación de los migrantes por la ruta selvática.
“Hay dos elementos que alimentan las tensiones. Panamá busca un distanciamiento diplomático con el gobierno de Petro para quedar bien con Estados Unidos. Y, en política doméstica, el Gobierno quiere usar el rechazo a la migración para ganar votos”, afirma Cornejo.
Cuando los migrantes llegan a Panamá, son registrados por el Gobierno y luego les prestan un servicio de traslado en autobús hasta la frontera de Costa Rica.
Sin embargo, algunas personas no poseen dinero para costear el viaje y otras simplemente superan la capacidad del corredor humanitario panameño.
¿Qué dice Colombia?
El director de Migración Colombia, Fernando García, aseguró que Panamá no tiene la posibilidad de frenar el flujo de personas por 266 kilómetros de frontera.
Además, se destaca que el principal problema es que la selva del Darién se ha vuelto un negocio para los traficantes de personas, quienes cobran hasta 800 dólares por migrante a cambio de acompañarlos dentro de la selva.
Para asistir a los movimientos migratorios desde Colombia, la entidad migratoria ha implementado una estrategia colaborativa.
Mediante la realización de tres eventos llamados Diálogos Fronterizos por la Vida, buscan desarrollar un Plan Completo de Soporte y Asistencia para el Darién, con el objetivo de reconocer las demandas de los migrantes y de las comunidades ubicadas en las rutas migratorias.
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Sin embargo, para Panamá, esas medidas no son suficientes. “Lo que pretende hacer Panamá es que se haga un registro en Necoclí, para saber cuánta gente sale de Colombia y cuánta recibirá. La pugna diplomática se refleja en las migraciones, pero el problema de fondo es que dejan a los migrantes en una indefensión total”, concluye Cornejo.
Estados Unidos implementa programas para darle fin al Darién
Estados Unidos es el destino final de la mayoría de los migrantes que se traslada por el Darién y Centroamérica.
El 3 de marzo, el secretario de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Alejandro Mayorkas, anunció un acuerdo entre Estados Unidos y Colombia para comenzar el programa Movilidad Segura y brindar opciones de migración regular.
Esta es la apuesta de Estados Unidos para poner oficinas migratorias en varios países del continente a donde los migrantes pueden acudir, con previa cita, para solicitar el estatus de refugiado e ir a Canadá, España o Estados Unidos. Las oficinas arrancaron en junio de este año en Costa Rica, Guatemala y Colombia.
El acto de establecer oficinas de inmigración de una nación en territorio de otra se denomina externalización de fronteras.
“Es el proceso en el que los Estados, de manera indirecta o directa, operan actividades de control de fronteras por fuera de sus territorios”, explica el profesor de la Universidad de Warwick de Inglaterra, Martín Lemberg-Pedersen, a La Silla Vacía.
«El riesgo de la externalización es que migrar se vuelva más peligroso, porque buscan rutas más remotas para cruzar sin atravesar estos centros. Además, los países en donde están los centros podrían enfrentarse a represamientos», agrega Ahlam Chemlali, desde el Instituto Danés de Estudios Internacionales.
De acuerdo con una persona involucrada en las conversaciones entre Colombia y Estados Unidos, quien pidió mantenerse en anonimato, el tema del posible riesgo migratorio fue una consideración importante en las negociaciones.
Para prevenir esta situación, el Gobierno colombiano acordó ciertas medidas de protección. Una de ellas establece que solo los migrantes que estaban regularizados en Colombia antes del 11 de junio de este año pueden hacer uso de las oficinas.
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Hasta ahora, en las oficinas de Colombia, Guatemala y Costa Rica se han registrado más de 23.500 personas, confirmó la subsecretaria de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, Marta Youth, en una rueda de prensa.
Sin embargo, a las dos semanas de empezar a funcionar en el país, la plataforma se quedó sin citas para quienes buscaban sacar una visa.
“En política migratoria, uno siempre corre el riesgo de que salga mal lo que hagas. Pero ya nos comprometimos, entonces tratamos de causar el menor impacto. Además, tenemos la revisión en seis meses para ver cómo vamos”, dijo una fuente anónima de la Cancillería de Colombia.
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