Lima.- El Gobierno de Perú presentó este miércoles 10 de agosto ante el Congreso un proyecto de ley en el que propone aumentar las causas de expulsión a los extranjeros que lleven a cabo acciones fuera de la ley.
«Hemos aprobado el proyecto de ley que modifica el decreto legislativo de migraciones respecto a la expulsión de ciudadanos extranjeros que se encuentren irregularmente en el país o que se hayan comportado al margen de la ley», señaló el primer ministro, Aníbal Torres, en una conferencia de prensa sobre las últimas decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros.
El jefe del gabinete ministerial insistió en que esta iniciativa legal se propone en el contexto de la inseguridad ciudadana, que «preocupa» y contra la cual el Gobierno, aseguró, está «batallando intensamente».
Torres precisó que entre las causales agregadas para la expulsión de extranjeros figura el incumplimiento de las normas sanitarias vigentes en Perú, como la vacunación obligatoria contra la COVID-19, así como la omisión de un documento de identidad.
La medida también propone deportar a aquellos migrantes a los que se les encuentre armas de fuego o explosivos sin autorización, drogas o estupefacientes, y los que conduzcan transporte motorizado sin el permiso pertinente o vehículos sin acreditar su titularidad o cesión.
«Tenemos que hacer respetar en Perú el principio de la autoridad (…) por eso es que se establece que el que desobedece o resiste la autoridad (…) será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años», agregó el jurista.
El primer ministro dijo esperar que el Congreso «apruebe lo antes posible» esta medida, que va en la línea de lo planteado en reiteradas ocasiones por el presidente, Pedro Castillo, quien en su primer mensaje a la Nación, cuando asumió el poder en julio del año pasado, dijo que «los delincuentes extranjeros» tendrían «72 horas para salir del país«.
Por otro lado, Torres anunció la aprobación de otro proyecto de ley que «crea el registro de pueblos, como son por ejemplo las comunidades campesinas, las comunidades nativas y las rondas campesinas».
«Es muy útil que estas entidades, que en la realidad existen, puedan ahora registrarse, tener una partida registral, en donde se anotará su existencia, su extensión, sus límites, la población que lo integra (sic), sus Gobiernos, sus autoridades», aseguró.
Además, el ministro de Desarrollo Agrario, Andrés Alencastre, informó durante su intervención en la rueda de prensa que, mientras se espera la llegada de urea, el Gobierno otorgará un apoyo económico a los agricultores que cultivan tierras de menos de cinco hectáreas con cultivos priorizados.
Puntualizó que alrededor de 132.000 agricultores podrán acceder a partir del 22 de agosto a este subsidio, que será de 138 soles (unos 9,8 dólares) con objetivo de paliar la demora en la compra internacional de fertilizantes durante el inicio de la campaña agrícola 2022-2023.
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