Las principales organizaciones sociales de migrantes venezolanos en España piden al Gobierno español y a todos los actores políticos y sociales, que “actúen con determinación frente a patrones de persecución en Venezuela”, con el objetivo de garantizar los derechos y libertades democráticas del pueblo venezolano.
Las ONG Red Reto, Building Up y Coalición Venezuela consideran que la investigación penal que adelanta el fiscal general de Venezuela designado por el gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, contra los organizadores y financistas de la elección Primaria realizada el pasado 22 de octubre, es “una clara violación de los derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular, los derechos estipulados en su artículo 25, que garantiza el derecho al sufragio y a la libertad de elegir a los representantes del pueblo”, señala una misiva enviada a El Pitazo.
Fiscalía investigará a organizadores de la Primaria por usurpar funciones del CNE
En este sentido, piden al gobierno de Pedro Sánchez lo siguiente:
- Denunciar la violación de Derechos. Instamos al Gobierno de España a denunciar públicamente la vulneración de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado venezolano.
- Defender el Derecho al Sufragio Universal. El derecho al voto es la piedra angular de cualquier democracia. Exigimos que se defienda el derecho al sufragio universal y libre como la máxima herramienta democrática del pueblo venezolano.
- Alertar a la Unión Europea. En el contexto de la Presidencia Española de la Unión Europea, instamos a España a trasladar a las instituciones europeas la máxima preocupación por la violación de los derechos democráticos básicos en Venezuela, incluyendo la libertad de asociación, la libertad de elegir representantes y el derecho al voto.
- Exigir cumplimiento del Acuerdo parcial de Barbados. Demandamos al Estado venezolano el cabal cumplimiento de los acuerdos establecidos en Barbados, que incluyen el respeto y reconocimiento del derecho de cada actor político para seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos.
Las ONG denuncian que la investigación que desarrolla la Fiscalía es una persecución que “representa un intento directo de castigo a la participación y organización ciudadana, y del derecho al voto como ejercicio democrático”.
También instan a la comunidad internacional a “permanecer vigilantes y a unirse en la defensa de los principios democráticos fundamentales y los derechos humanos en Venezuela”.
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