Caracas.- Un documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que las migrantes que atraviesan el Darién no solo se enfrentan a los abusos sexuales durante el trayecto por la selva, también lo sufren en las Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM) del Gobierno de Panamá.
El documento de la Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes recoge denuncias sobre los graves vejámenes que habrían cometido funcionarios del Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
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“Según estas denuncias, el personal del SNM y del Senafront habría solicitado intercambios sexuales a las mujeres y niñas alojadas en la ERM de San Vicente, que carecen de dinero para afrontar los costes del transporte” entre las estaciones y Costa Rica. Así lo detalla el texto al que tuvo acceso el medio El País de España.
De acuerdo con el documento, los abusos suceden “con la promesa de permitirles subir a los autobuses coordinados por las autoridades panameñas para que puedan así continuar su viaje hacia la frontera con Costa Rica”.
El informe la ONU hace fuertes cuestionamientos al Gobierno de Panamá por el manejo de la crisis humanitaria del Darién. No solo denuncia violencia sexual, sino que también afirma que hay personas que hacen trabajos forzados con el fin de obtener los medios para poder pagar los 40 dólares que cuesta el bus y así abandonar las estaciones.
“Esta información vendría acompañada de preocupaciones sobre la voluntariedad del trabajo realizado, dada la supuesta falta de alternativas que permitan a las personas migrantes abandonar las ERM”, agrega la ONU.
Advertencia de la ONU al Gobierno de Panamá
En 2022, al menos 248.000 migrantes atravesaron la peligrosa selva que separa a Colombia de Panamá, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos y haitianos. Los asaltos, las desapariciones y la violencia sexual a manos de grupos armados son algunos de los peligros.
Al llegar a territorio panameño, a los migrantes los alojan en las ERM, que supervisa el Senafront. Según el informe de la ONU, es allí donde se encuentran “de facto privadas de la libertad, al no estar autorizadas a salir de dichos centros, salvo para ser trasladadas por las autoridades panameñas hacia la frontera con Costa Rica”.
Existen casos de familias retenidas por más de tres meses en las estaciones por falta de documentos. “A las personas que solicitan asilo en Panamá tampoco se les permitiría salir de las ERM hasta el final del procedimiento que, según se informa, puede extenderse durante varios meses”, recoge el documento de la Relatoría.
Agrega, además, que las condiciones de estos espacios de recepción son “deplorables e insalubres” y “expuestas a situaciones de abuso por parte de las autoridades que gestionan estos centros”. Tampoco existe separación de espacios para mujeres, niños y niñas, con lo cual no se garantiza ni su seguridad y protección, lo que genera riesgos de sufrir violencia basada en el género.
Aunque el documento está fechado en diciembre de 2022, aún no se ha hecho público, destaca la nota de El País. Al tiempo que añade que la ONU le indicó al Gobierno de Panamá que tenía un plazo de 60 días para responder a las denuncias. El plazo se cumplió el pasado 9 de febrero y, de acuerdo con las fuentes de ese medio, aún están esperando a que las autoridades panameñas respondan.
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Con información de El País
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