Lima.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró un estudio para visibilizar el aporte de profesionales de la salud provenientes de Venezuela en la lucha contra el COVID-19 en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú.
Estos seis países latinoamericanos concentran aproximadamente 3,6 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, lo que representa cerca del 70% del total de esta población alrededor del mundo.
La OIT estima que en estos países de acogida hay al menos 20.000 médicos venezolanos, aunque advierte que las cifras reales podrían ser significativamente superiores, a falta de datos oficiales.
Pilares en la lucha contra el virus
El informe «El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la pandemia de la COVID-19 en los servicios esenciales de salud» subraya que la respuesta de algunos países para superar el déficit de profesionales sanitarios abrió puertas a refugiados venezolanos que comenzaron a laborar en la primera línea de la batalla contra el virus, independientemente de contar o no con los requisitos legalmente establecidos.
LEE TAMBIÉN
«Los trabajadores migrantes y refugiados, lejos de ser ‘vulnerables’, han sido pilares de las economías de la región desde que empezó la pandemia», señaló el director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro.
Aún así, el estudio revela que apenas un 52% de los profesionales sanitarios venezolanos ejerce su profesión, pues solo tres de los seis países analizados —Perú, Chile y Argentina— promulgaron decretos que promueven la contratación temporal y transitoria de profesionales de salud nacionales y extranjeros durante la emergencia sanitaria.
En este sentido, la OIT insistió en la necesidad de que los países revisen su política para promover la contratación y la empleabilidad de profesionales de la salud migrantes y refugiados, como un mecanismo para cerrar su actual déficit de profesionales y fortalecer sus sistemas sanitarios.
Trabajo indecente
El informe también alerta del exceso de trabajo por parte de estos profesionales, que laboran un promedio de 48 horas semanales por un sueldo de entre 300 y 1.000 dólares.
Además, alrededor de la mitad no tiene contrato de trabajo y solamente un 10% cuenta con un seguro de vida en caso de incapacidad o muerte a causa del COVID-19
LEE TAMBIÉN
Venezolanos en Ecuador denuncian que son víctimas de desalojos forzosos
En este sentido, la OIT hizo un llamado a desarrollar políticas públicas que fomenten la contratación de personal de salud migrante «bajo un enfoque de trabajo decente», que ofrezca garantías de respeto a sus derechos.
Un segundo estudio reforzó esta idea, en relación a la «compleja» situación laboral que viven los refugiados venezolanos que, en medio de la crisis sanitaria, vieron una oportunidad de empleo en el sector de reparto de alimentos y medicinas.
El informe «El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas en los servicios esenciales del reparto de comida y medicina durante la pandemia de la COVID-19» precisa que en Colombia y Perú, menos del 30% del personal encuestado tiene seguro contra accidentes, y menos del 20% un seguro de salud. En Argentina, este último porcentaje asciende al 58%.
Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas del país visitan El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para ellos somos la única fuente de noticias verificadas y sin parcialidades políticas.
Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso te pedimos que nos envíes un aporte para financiar nuestra labor: no cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y hagan una contribución económica que es cada vez más necesaria.
HAZ TU APORTE
