Caracas.- Perú reúne la mayor cantidad de venezolanos solicitantes de la condición de refugio entre los países receptores de la masiva migración, con casi 170.000 a la fecha.
De estas solicitudes solo se han concedido 700 entre 2014 y 2018, y por el abrupto aumento de los casos en los últimos meses se han formado »enormes cuellos de botella», según reseña el diario peruano El Comercio.
Según el informe de Amnistía Internacional (AI), “el Estado peruano tiene la obligación de atender de forma urgente la situación de las personas que han solicitado ser verificadas como refugiadas, reduciendo el tiempo de espera para una respuesta y facilitando los mecanismos de apelación”.
Marina Navarro, directora ejecutiva de AI en Perú, comentó a El Comercio que aunque ese país está admitiendo los pedidos de refugio según los convenios internacionales suscritos, no se está otorgando a tiempo la condición de personas refugiadas.
“Es un trámite muy lento; se tardan meses o años; los expedientes se acumulan. Esta es una situación de inseguridad jurídica. Estas personas están legalmente en el Perú, pero no pueden tener acceso a derechos básicos”, sostuvo Navarro.
Feline Freier, politóloga de la Universidad del Pacífico, expresó al medio de comunicación peruano que los venezolanos sí deberían ser considerados refugiados por el Gobierno de Perú, de acuerdo con la Declaración de Cartagena (1984), porque se trata de »un derecho a la protección que se extiende a las personas que huyen por la violencia masiva de los derechos humanos».
Piden comisión investigadora
Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, indicó a El Comercio que esta entidad ha sostenido reuniones con la cancillería a fin de que el Estado peruano, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, promueva la creación de una comisión investigadora que se centre en los crímenes, algunos de lesa humanidad, que se estarían cometiendo en Venezuela.
“Debe garantizarse una rendición de cuentas”, comentó Navarro. De acuerdo con la propuesta, una eventual comisión investigadora debería abordar también la situación de los presos políticos en Venezuela.
Con información del diario peruano El Comercio
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