Según un informe emitido por la Defensoría del Pueblo de Perú, cerca de 31.000 venezolanos retornaron a su país natal al verse sin posibilidades de continuar sobreviviendo durante la crisis causada por la pandemia del COVID-19.
En marzo, cuando se decretó el inicio de la cuarentena, comenzó a registrarse un número de venezolanos que abandonaban Perú. La cifra siguió aumentando hasta el mes de julio, por lo que se prevé que en los siguientes meses se registren más migrantes venezolanos en búsqueda de un retorno a su país.
Antes de la pandemia, los venezolanos que llegaban a Perú eran considerados como una población vulnerable debido a la demanda laboral que existía en el país. Durante la coyuntura se estima que el 89% de los venezolanos residentes en Perú fueron despedidos de sus puestos de trabajo.
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El 39% teme ser desalojado de los lugares que alquilaron, debido a la imposibilidad de pagar el monto correspondiente por la falta de ingresos económicos.
“Durante la pandemia ese conjunto de carencias que ya se encontraban y padecían los venezolanos, se agudizaron. Sin embargo, esta coyuntura agrega un elemento adicional que lleva al extremo el ejercicio de sus derechos, aunado a la inexistencia de redes de apoyo proveniente del Estado peruano”, dijo Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad
Por un traslado adecuado
La Defensoría del Pueblo solicitó al gobierno que se trabaje en conjunto con sus pares de Ecuador, Colombia y Venezuela para coordinar un traslado adecuado de venezolanos a su país de origen.
Castillo destacó que estos desplazamientos se han dado a través de caminos irregulares, debido al cierre de fronteras en los países de tránsito por los que se ven obligados a pasar los migrantes. “Esto los expone a ser potenciales víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, accidentes en rutas con víctimas fatales, entre otras situaciones”, precisó.
Castillo expuso algunas sugerencias que le hacen al Estado peruano con respecto a la situación de los migrantes venezolanos, entre las que destacan revisar los límites en cuanto a la documentación requerida para ingresar al país.
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“Revisar los limites documentarios para el acceso al territorio peruano, frenar el discurso discriminatorio. Nuestros legisladores deben entender que se debe frenar la criminalización de la migración. Por último, y no menos importantes, las garantías de un buen acceso a la educación y la salud”, expresó.
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