Caracas. A los tres días de la tragedia ocurrida en un centro migratorio de Ciudad Juárez, en México, el gobierno de Nicolás Maduro sigue guardando silencio. Enmudece.
Si bien suele prodigarse en redes sociales con mensajes de pesar y condena para lamentar o rechazar un sinnúmero de hechos, el gobierno de Maduro, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, no se ha pronunciado sobre la muerte de 39 migrantes en México, entre ellos 7 venezolanos. Otros 5 están en delicado estado de salud.
Casi todos son veinteañeros, algunos ya con hijos, como el tachirense Orlando Maldonado, cuyos desconsolados padres dijeron desconocer dónde está el cuerpo del joven, conoció El Pitazo.
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Ni siquiera ha lanzado un mensaje de condolencia a los familiares de las 12 víctimas venezolanas contabilizadas hasta el momento, cuyas identidades ya se conocen. Al menos no lo ha hecho en Twitter, la red social que el gobierno de Nicolás Maduro ha transformado en el micrófono para comunicar sus decisiones.
Tampoco lo ha hecho la Embajada de Venezuela en México hasta este jueves, 30 de marzo. En cambio, el Gobierno de El Salvador exigió una investigación «a fondo» por la muerte de los migrantes, entre ellos varios salvadoreños.
También las cancillerías de Colombia, Guatemala y Honduras no tardaron en pronunciarse para adelantar que practicaban diligencias en apoyo a sus connacionales.
«Recordamos a los países de origen su responsabilidad de brindar asistencia consular y asistencia a los familiares de las víctimas. De igual manera deben hacer seguimiento a las investigaciones que se realicen para establecer las responsabilidades y exigir que no haya impunidad», manifestó Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, una ONG que promueve los derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe.
La presidente de WOLA se manifestó el 29 de marzo en su cuenta de Twitter, después de conocer la muerte de los migrantes y la mudez del Gobierno de Venezuela, el único de los seis países que no se ha pronunciado públicamente sobre el suceso.
México ofrece traslado a un familiar de cada víctima
Sí se sabe de una reunión del subsecretario para América Latina y el Caribe de México, Maximiliano Reyes Zúñiga, con embajadores y cónsules de los seis países de donde proceden las personas que se encontraban retenidas en el centro migratorio de Ciudad Juárez, donde ocurrió la muerte de los migrantes.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, el funcionario mexicano informó el martes 28 de marzo que coordinaba acciones con los representantes diplomáticos de Colombia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras y Venezuela.
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A través de la Cancillería hondureña se supo que en esa reunión el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreció otorgar visas humanitarias, boleto aéreo, hospedaje y alimentación a un familiar de cada víctima, a fin de que se traslade a México a apoyarla.
Del silencio de una migración forzada
El silencio del gobierno de Nicolás Maduro sobre la migración venezolana no es, sin embargo, nuevo. Niega desde su comienzo la salida de más de 7,1 millones de venezolanos en los últimos siete años, según estimaciones de la Plataforma R4V, un buen número de ellos forzado a huir por un deterioro de sus condiciones de vida que amenaza su subsistencia.
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«Venezuela es un país de 30 millones de habitantes, si se hubiesen ido 7 millones, estamos hablando de casi un cuarto de la población venezolana, lo hubiésemos sentido en consumo eléctrico, de alimentos, en demanda de bienes y servicios, y la realidad, es que eso no es así«, dijo el canciller Yván Gil en enero, en una entrevista para el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano quizá olvida que el país acordó con Naciones Unidas, desde 2019, un plan de respuesta humanitaria para al menos 5,2 millones de venezolanos que tienen necesidades urgentes.
Es una ayuda de emergencia para mujeres, hombres y niños con urgencia de atención en materias de salud, nutrición, seguridad alimentaria y medios de vida; movilidad humana (migración); riesgos de protección, prestación y acceso a servicios y educación.
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