Por Daniela Carrasco
Caracas.- La presidenta de la Fundación Juntos se puede, Ana Karina García, denunció que más de 1.000 venezolanos han sido desalojados de las viviendas arrendadas en Bogotá, Colombia, durante lo que va del mes de julio, ante el fin de la vigencia del decreto de la Alcaldía que prohibía a los arrendadores hacer desalojos por incumplimiento de pagos durante el aislamiento obligatorio por el COVID-19.
García explicó al Proyecto Migración Venezuela que esta decisión de los arrendadores ha causado que el número de denuncias por desalojos forzosos se vea en aumento y, en consecuencia, más familias venezolanas se encuentren caminando hacia la frontera con Venezuela para intentar retornar a su país.
Señaló además que muchos de los procedimientos se han efectuado de forma irregular, puesto que han recibido denuncias de que la policía, sin una orden judicial, han sido quienes ejecutan los desalojos de las viviendas.
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La presidenta de Juntos se puede apuntó que la fundación ha logrado ayudar a algunas familias con donaciones que reciben, pero que no se dan abasto para atender todos los casos, por lo que han decidido darles prioridad a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
El decreto señala que “el prestador de servicios de vivienda que corresponden a menos de 30 días, según lo previsto en el Decreto 2590 de 2009, se abstendrá de desalojar al usuario en condición de vulnerabilidad por el no pago del hospedaje, durante el término del aislamiento preventivo obligatorio”.
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La presidenta de la fundación resaltó que han obtenido la disposición del gobierno nacional para ayudar a las personas afectadas, pero no del gobierno local. Aseguró que han intentado comunicarse con el Centro de Atención a Migrantes de Bogotá (Ciam) y no obtienen respuesta, por lo que instó a tomar conciencia para tomar medidas con respecto a los desalojos forzosos.
Migración Colombia informó el martes 21 de julio que hasta los momentos ha registrado a más de 90.000 migrantes venezolanos en Colombia que han retornado de forma voluntaria a su país desde el inicio de la cuarentena declarada en marzo para contrarrestar el avance de la pandemia del COVID-19.
Lee la nota del Proyecto Migración Venezuela aquí
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