Caracas.- La Comisión de Justicia y Paz, Cáritas de la Diócesis de Carúpano y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas (instituciones de la Conferencia Episcopal Venezolana, CEV) y la Red Clamor Venezuela lamentan la muerte de los venezolanos del naufragio en las costas de Güiria, municipio Valdez del estado Sucre.
«Debemos lamentar la pérdida de vidas humanas, específicamente de las personas encontradas muertas en la costa del estado Sucre y otras personas desaparecidas, quienes habrían intentado alcanzar la costa de Trinidad en embarcaciones tipo peñero y no pudieron hacerlo por haber sido devueltas por las autoridades de Trinidad y Tobago«, dice un comunicado de la CEV este 14 de diciembre.
La cifra de fallecidos que tiene la Conferencia Episcopal es de 12 muertos; sin embargo, El Pitazo registra 19 por las informaciones aportadas por los habitantes de la localidad. Las autoridades gubernamentales y policiales de la entidad oriental mantenían la cifra de 11 cuerpos hasta la tarde del domingo 13 de diciembre.
El hallazgo de los cadáveres en alta mar fue confirmado el 12 de diciembre en la noche por la guardia costera de Trinidad y Tobago. De acuerdo con la información que tiene la CEV, la embarcación viajaba con aproximadamente 20 personas y fue reportada como desaparecida el 5 de diciembre. Lo que se traduce en que ocho personas siguen perdidas en alta mar.
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Ante la tragedia, la Iglesia venezolana rechaza la conducta de las autoridades de Trinidad y Tobago por seguir violando el principio de no devolución al haber regresado a los migrantes que salieron de Venezuela en busca de una mejor calidad de vida en esa nación caribeña. Considera que es inaceptable ese comportamiento.
La institución eclesiástica agrega en la misiva que tanto Venezuela como Trinidad y Tobago están obligadas a respetar todos los derechos humanos de las personas migrantes. Asimismo, ve como inaceptable por parte de esa nación las manifestaciones de discriminación y estigmatización en contra de los venezolanos.
«Se debe garantizar que la investigación de los hechos se conduzca conforme a protocolos internacionales (…). Esta investigación no debe ser de carácter meramente formal, sino que debe conducir al establecimiento completo de los hechos, y a actos conclusivos que conduzcan a las responsabilidades penales, civiles y administrativas a las que haya lugar», subraya la CEV.
En ese sentido, rechaza además los pronunciamientos de las autoridades de ambas naciones, que, según la Conferencia Episcopal Venezolana, están lejos de aceptar las responsabilidades y en cambio realizan declaraciones de criminalización y desprestigio en contra de los funcionarios internacionales de los órganos de protección y las organizaciones no gubernamentales.
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