Caracas. Perú expulsó la noche del lunes 27 de enero a 131 venezolanos señalados de estar implicados en delitos en las ciudades de Lima y Huancayo. La mayoría de estos venezolanos expulsados fueron detenidos en un hotel de la playa Punta Negra, donde fue desarticulada una banda que, presuntamente, asesinó a un peruano en Lima, refiere la agencia EFE.
Del grupo de detenidos en Punta Negra fueron expulsados 102 venezolanos (95 hombres y 7 mujeres) que eran investigados por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, informó el Ministerio del Interior.
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Los otros 29 venezolanos (27 hombres y 2 mujeres) expulsados fueron detenidos en la ciudad de Huancayo por “situación migratoria irregular y estar implicados en hechos delictivos”, añade el despacho de Interior peruano. Sin embargo, el ministro Carlos Morán señaló que la Fiscalía determinó la responsabilidad de solo 15 personas, las cuales serán procesadas y encarceladas en Perú, reseña el diario El Expreso.
Bajo el foco de los medios de comunicación, Morán encabezó la expulsión de estos venezolanos, que sucede luego de la creación de una brigada policial “para investigar y combatir los delitos cometidos por extranjeros”.
98,8% no ha delinquido
La creación de este equipo especial de la policía contra los delincuentes extranjeros hizo estallar las críticas dentro y fuera del Perú. Defensores de derechos humanos rechazaron la puesta en marcha de esta brigada al señalar que no hace más que alimentar la xenofobia contra los ciudadanos de una nacionalidad particular, que aportan muy poco a aumentar la inseguridad en el Perú.
Según las críticas, las cifras de la Policía Nacional del Perú registran que de las 730.000 denuncias de delitos que hubo en 2019, apenas 12.000 (1,8 % del total) fueron hechas contra venezolanos. Pero la cantidad de denuncias es aún menor si se compara con el total de venezolanos que ha llegado a ese país: apenas representan 1,2%. Es decir, 98,8% de los venezolanos migrantes no ha delinquido.
En relación con el mismo punto anterior se tiene que si bien el número de presos de nacionalidad venezolana subió a 350 personas entre mayo de 2016 y mayo de 2019, la cifra representa solo 1,5% del total del aumento de la población penitenciaria. Además, los reos venezolanos representaban apenas 0,04% de los ciudadanos venezolanos registrados en el Perú.
Con todo, Feline Freier, docente del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (Ciup), subraya que persiste entre una mayoría de personas en Lima la percepción de una relación entre la inmigración venezolana y un supuesto aumento del crimen.
“Es vital, entonces, contextualizar los crímenes cometidos por un pequeño número de venezolanos y presentarlos en sus reales proporciones, en vez de aumentar los miedos xenófobos de la población para fines lucrativos o políticos. Mientras tanto, la verdadera crisis sigue en Venezuela”, se lamentó la investigadora en el diario El Comercio.
Tapar con un dedo la inseguridad
Ana María Vidal, abogada peruana especialista en derechos humanos, tachó de “brigada xenófoba de Morán” al nuevo grupo policial. “Esta brigada es antitécnica y no tiene datos objetivos y verificables que sustenten su creación. Es un psicosocial, circo puro y duro para las tribunas. Se pretende impulsar la xenofobia para intentar tapar con un dedo la inseguridad que vivimos”, señaló.
Considera Vidal que con este tipo de medidas la inseguridad en el Perú no disminuirá; “por el contrario, seguirá creciendo”, porque no atacan el problema de la inseguridad. Incluso, la Defensoría del Pueblo de Perú expresó su preocupación por la creación de esta brigada policial para delitos cometidos por extranjeros.
«No dudamos de que la creación de unidades policiales especializadas pueden constituir una medida efectiva en la lucha contra la criminalidad, pero delimitar como propósito de acción a los ciudadanos extranjeros vuelve objeto a estas personas de estereotipos que pueden estigmatizarlos y afectar gravemente sus derechos«, dijo el adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo.
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Amnistía Internacional indicó que la creación de esta unidad especial «es una medida discriminatoria que contraviene las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos». «En lugar de demonizar a las personas que necesitan protección, las autoridades peruanas deben garantizar sus derechos al debido proceso y a buscar protección internacional«, señaló mediante un comunicado fechado el 24 de enero.
Condena puertas adentro
En Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) deploró la creación de la referida brigada policial en Perú y la calificó de “efectista y xenofóbica”, pues se crea “sin ninguna base estadística seria” para señalar a extranjeros de delincuentes.
El gobierno de Nicolás Maduro también enfiló contra las autoridades peruanas: las acusó de criminalizar a los venezolanos migrantes. Mediante un comunicado sostuvo que la creación de esta brigada policial «constituye una gravísima violación a los derechos humanos y un acto denigrante y peligroso que contraviene las normas internacionales en materia de respeto y protección de las poblaciones migrantes».
Según cifras del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Perú es el segundo receptor de venezolanos del mundo, con 863.613 personas en su territorio para diciembre de 2019.
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