Caracas.- Para reforzar la protección de los migrantes forzosos venezolanos en los países de acogida, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) sostiene que el primer paso debe darlo el gobierno de Nicolás Maduro reconociendo que existe una crisis humanitaria compleja en Venezuela.
El llamado de Cepaz surge en medio de un conjunto de dificultades que ha venido soportando la migración venezolana y, en particular, del registro, durante los primeros dos meses de 2021, de 16 femicidios de venezolanas en el exterior.
De acuerdo con la ONG, para enero 60% de los femicidios ocurrieron en Colombia y 20% en Perú, mientras que para febrero el porcentaje en Colombia bajó a 50%, pero supuso un aumento en las cifras de Perú a 33,3%.
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Sara Fernández, abogada de Cepaz, manifestó a El Pitazo que la crisis humanitaria en Venezuela convierte al venezolano en un migrante forzoso, puesto que se va del país porque necesita medios de subsistencia y condiciones para proteger su integridad y salud.
«Si no hay un reconocimiento de esta situación, entonces no se puede comprender el carácter y naturaleza de las necesidades de las comunidades migrantes en los países de recepción, por lo que es difícil entender su situación. Si el gobierno no admite estás condiciones, lo más probable es que no se haga nada con los países de acogida», dijo.
Cierre de fronteras agrava vulnerabilidad de las mujeres
Las vulnerabilidades de las mujeres migrantes no se aprecian solo en su llegada a los países de acogida, si no cuando realizan todo el tránsito migratorio por el territorio venezolano. «Muchas veces cuando se desplazan al interior del país antes de cruzar la frontera se ven expuestas a peligros, un hecho que se ha agravado con el cierre fronterizo«, sostiene Fernández.
Sara Fernández llamó a establecer políticas de protección que aseguren que, aun cuando la frontera esté cerrada, los grupos que transiten por vías irregulares o se encuentren varados, puedan recibir una protección internacional, más aún las mujeres, pues se exponen a ser víctimas de violencia sexual.
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«Las mujeres migrantes son sumamente vulnerables en el tránsito fronterizo, porque se ven obligadas a pagarle a alguien que les ayude a cruzar por vías irregulares, en donde hay grupos armados y redes de trata«, señaló.
Enfoque de género en las políticas públicas
La abogada explica que la integridad de los migrantes es responsabilidad de los estados de acogida. «Lo que puede exigirse a los estados de acogida, por vía diplomática a través del estado venezolano, es que incorporen un enfoque de género en sus políticas públicas de migrantes para tratar la violencia contra la mujer, cómo el estado puede reforzar las garantías de resguardar la integridad física y psicológica de las mujeres y exigir ese reconocimiento de que el migrante necesita protección internacional«, señaló.
Fernández explicó que realizar una petición diplomática por parte del estado venezolano a los países de acogida, implicaría reconocer que muchos venezolanos migran debido a situaciones internas como persecuciones estatales y una crisis humanitaria. «Difícilmente vamos a obtener el reconocimiento de estos hechos por parte del estado venezolano y por eso la forma en la que puede ayudar es bastante limitada».
Obligaciones internacionales
Sara Fernández aclaró que, pese a que los países de acogida tienen la obligación de proteger a todas las personas que residen en ellos, también existen organismos internacionales que velan por el cumplimiento de esas obligaciones.
«Un punto importante es exigir ese reconocimiento de que el migrante venezolano necesita protección internacional, algo que Colombia ha hecho con el Estatuto Temporal de Protección (Etpve), porque en esa medida los migrantes podrán sentirse más protegidos y seguros de alertar sobre cualquier violación de derechos que estén sufriendo«, explicó la abogada.
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Belem Do Pará refuerzan la obligación de los Estados de acogida de velar por los derechos y seguridad de los ciudadanos que habitan en sus territorios, sin importar su nacionalidad, género o condición migratoria.
«La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de proteger los derechos a la integridad física y psicológica de las personas, incluyendo a la mujer migrante y la prohibición de discriminación. La Convención Belem Do Pará establece obligaciones específicas según las cuales los estados deben condenar toda forma de violencia contra la mujer«, expresó Fernández.
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