Caracas.- Más de dos centenares de solicitudes de refugio hechas en los últimos años a Bolivia por ciudadanos venezolanos serán analizadas a partir de la próxima semana por una comisión del Gobierno interino boliviano y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
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La canciller interina del país, Karen Longaric, informó en una rueda de prensa este viernes sobre una reunión que sostuvo con el representante de la oficina regional de Acnur para el Sur de América Latina en la cual abordaron ese asunto.
Una comisión conformada conjuntamente con los representantes de Acnur empezará a trabajar desde el próximo lunes para analizar «caso por caso estas solicitudes», explicó la ministra.
Según Longaric, los más de 200 venezolanos que solicitaron refugio huyeron de su país «por razones de orden político, de persecución política promovida por el Gobierno de Nicolás Maduro».
«Estos trámites de reconocimiento del estatus de refugiado para los ciudadanos venezolanos estaban pendientes desde hace dos años y la Administración anterior de Evo Morales no aceptó las solicitudes formuladas por los venezolanos», indicó Longaric.
La mayoría de los solicitantes «ya está en Bolivia«, algunos en situación irregular y «muchos de ellos con permisos temporales de permanencia en territorio boliviano«, señaló la ministra.
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Según Longaric, la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), dependiente de la Cancillería boliviana, tenía «instrucciones» del Gobierno anterior «de rechazar toda solicitud de refugio de ciudadanos venezolanos porque identificaban que estos ciudadanos estaban en contra del régimen de Maduro».
La canciller interina desconoce si entre los solicitantes hay dirigentes conocidos de la oposición venezolana, aunque consideró que si así fuera, «ya lo hubiésemos conocido».
Si esto ocurriera, aquellos casos se analizarán al igual que las otras solicitudes «y la comisión determinará si se les da el refugio o no se les da el refugio», agregó.
Longaric aseguró que Acnur va a cubrir «todos los gastos económicos que demande la permanencia de estos ciudadanos» en el país y enfatizó en que esto «no va a implicar ningún gasto» para el Estado boliviano.
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