Tribunal condena a enfermeras detenidas por cobros en el hospital de Acarigua

Acarigua.- A ocho años de prisión fue condenada una de las enfermeras detenidas el pasado octubre en el Hospital «Dr. Jesús María Casal Ramos» de Acarigua-Araure, en Portuguesa, por cobrar a familiares por el cuidado de los pacientes recluidos en el área de COVID-19.

Las otras dos trabajadoras de la salud implicadas en el caso recibieron pena de 3 años y 8 meses de prisión, y esperan que el tribunal de ejecución les otorgue una medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad.

Así se conoció tras realizarse la audiencia de apertura del juicio este jueves, 10 de marzo, en la sede del Segundo Circuito Judicial Penal de la región, con sede en Acarigua, ante el Tribunal Tercero de Juicio.

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Fuentes judiciales informaron a El Pitazo que las imputadas admitieron los hechos, por lo que recibieron una rebaja de la pena establecida en la norma legal. 

Asimismo, se conoció que fue Jania Coromoto Veroes, de 41 años, licenciada en enfermería, quien fue condenada a cumplir la pena de 8 años y 20 días prisión y multa de 40% del monto del daño patrimonial, por un total de 240,67 bolívares. Además, se les impuso la pena accesoria prevista en el artículo 99 de la Ley Contra La Corrupción y las penas accesorias previstas en el artículo 16 del Código Penal. 

A Veroes le habían imputado los delitos de peculado doloso propio, concusión y agavillamiento a solicitud de la Fiscalía Tercera contra la Corrupción de Portuguesa.

Mientras que sus compañeras Betty Josefina Adan Escobar, de 40 años, y Azdaly Nailet Mejías Nadal (Técnico Superior Universitario en Enfermería), imputadas por concusión y agavillamiento, recibieron pena de 3 años y 8 meses, respectivamente. Para las tres, el tribunal ordenó que se mantenga la privativa de libertad, y que sean recluidas en el Internado Judicial de Barinas (Injuba), mientras se acuerda el beneficio procesal para las últimas dos. 

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El caso

Las enfermeras fueron apresadas por funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategia Preventiva (Diep) de la Policía del estado, en el mismo hospital de Acarigua, el pasado 4 de octubre, tras ser emitida la orden de captura N° PP11-P-1675-2021 por el Tribunal Segundo de Control del Segundo Circuito Judicial Penal del estado, extensión Acarigua, por el delito de corrupción, relacionada con la causa MP-188314-2021.

Las profesionales de la enfermería comenzaron a ser investigadas cuando entre el pasado 23 y el 28 de septiembre de 2021, familiares de dos adultas mayores fallecieron en la sala de aislamiento de pacientes con COVID-19 del JM Casal Ramos.

Las víctimas fueron Yolanda Rondón, de 69 años, quien murió el 15 de septiembre, e Ingrid Coromoto Navarro, de 70 años, cuya muerte se registró una semana después, aproximadamente. Los familiares de estas damas hicieron público las irregularidades que se presentaban en el centro centinela del cono norte. Ambas historias fueron publicadas en El Pitazo.

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Los allegados denunciaron que para que los pacientes tuvieran una atención respetuosa y se les cumpliera el tratamiento a las horas indicadas y al pie de la letra, las enfermeras cobraban alrededor de 60 dólares diarios.

Luego de la detención, las enfermeras estuvieron recluidas en el Centro de Coordinación Policial Juan Guillermo Iribarren de la ciudad de Araure, que funciona como reclusorio preventivo de mujeres en el cono norte de Portuguesa.