Guanare. 44 boletas de excarcelación para presos comunes libraron los tribunales penales de Portuguesa este viernes, 18 de junio, durante una jornada especial celebrada en Guanare y Acarigua, con la intención de descongestionar los centros de detención preventiva, cuyo hacinamiento supera el 100%, según cálculos de la organización Una Ventana a la Libertad. (UVL).
Fuentes del Ministerio Público informaron que en Guanare, sede de la circunscripción judicial número uno, el tribunal tercero de control celebró 11 audiencias preliminares donde se estudiaron los casos de 17 reclusos.
En 10 de estas audiencias, los incriminados optaron por la fórmula de admisión de hechos para sentencia anticipada, lo que condujo al beneficio de la revisión de medida privativa e imposición de medida cautelar sustitutiva de libertad a 16 reclusos; y al dictamen de un auto de apertura de juicio oral y público con ratificación de medida privativa de libertad para otro de los reos.
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La misma fuente destacó que en la circunscripción judicial número dos, con sede en Acarigua, el tribunal de control celebró 11 audiencias y otorgó 28 libertades y un pase a juicio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 242, ordinales 3 y 4, del Código Orgánico Procesal Penal, las medidas sustitutivas de privación de libertad, otorgadas a estos 44 reos, consisten en presentaciones periódicas cada 15 días ante la oficina del alguacilazgo y prohibición de salida del estado y del país sin autorización del Juzgado.
Este plan de abordaje y descongestionamiento de causas, convocado por el poder judicial, fue concebido para el examen de la comisión de delitos catalogados como menos graves: hurto calificado, hurto de ganado, peculado doloso, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y tráfico ilícito de material estratégico.
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Los reclusos objetos del plan permanecían en los calabozos de Poliportuguesa, Guardia Nacional y Cicpc con causas judiciales que implican penas de hasta cinco años de presidio, cuyo avance procesal se vio limitado por la paralización de las actividades de los tribunales, dada la cuarentena social obligatoria prevista en el estado de alarma decretado por el gobernante Nicolás Maduro.
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