Hijo de fallecida por COVID-19 denuncia que pagó $1500 en hospital de Acarigua

Acarigua.– La enfermera hizo un gesto muy peculiar justo cuando Jesús bajaba a su mamá de la ambulancia. La mujer de blanco se frotó los dedos índice y pulgar en solicitud de dinero en efectivo. Esa sola señal le reveló a Jesús lo que es un secreto a voces: “en el hospital de Acarigua algunos se mueven solo si hay un pago de por medio”.

Ingrid Coromoto Navarro llegó al hospital Jesús María Casal Ramos, en Acarigua, Portuguesa, el 23 de agosto. Venía de pasar 12 días en el hospital de Agua Blanca, en la misma zona norte. Desde ese día, y durante un mes, estuvo recluida en la sala de COVID-19 hasta que, finalmente, falleció este jueves 23 a las nueve de la noche, según el acta de defunción.

Su hijo se negaba a alejarse de ella. No quería dejarla sola. Eso tuvo un precio aproximado de 1.500 dólares, que repartió, según su testimonio, para que la paciente tuviera derecho a la administración del tratamiento y para lograr un pase especial a la sala de aislamiento.   

Así lo contó Jesús Durán a El Pitazo el sábado 25 de septiembre, 48 horas después de la muerte de Ingrid y de que se hizo público el video con la denuncia de Betilmar Rondón sobre la red de corrupción que impera en el segundo centro centinela para COVID- 19, ubicado en el norte de la entidad llanera.

“Mi mamá entró al hospital con 69 años, cumplió los 70 años allí, pero la sacamos muerta. La mataron porque dejamos de pagar las cuotas que exigen a los familiares para un cuidado especial», denunció Durán.

Según cuenta el familiar, los cobros se materializaron a tres días del ingreso. “Desde el 26 de agosto empezamos a cancelarle a las enfermeras Jania, Asdalys y a las demás”.

Al principio empezaron a pagar 80 dólares diarios. 40 a la enfermera de día y 40 a la de la noche. «Después nos bajaron la cuota porque ellas mismas se dieron cuenta de que estábamos locos, ya no sabíamos de dónde sacar dinero», relató Durán.

«Al 17 de septiembre teníamos cuotas atrasadas con las enfermeras y para el 19 habíamos decidido suspender el servicio para que la cuenta no aumentara, pero notamos que mi mamá tuvo una desmejora abismal», acotó Durán.

Los hijos y otros miembros de la familia, que a través de ese pago tenían la posibilidad de entrar después de las diez de la noche a ver a Íngrid, se percataron esos días de que la septuagenaria perdió la movilidad en los brazos y su mejoría retrocedió, así que no tuvieron otra opción que «volver a caer en la red de las enfermeras», como ellos mismos la han calificado.

«Pareció que la descuidaron a propósito para que nos viéramos obligados a pagar por la salud de mi madre. Nos tragamos todo, porque mis hermanos decían que la que iba a sufrir allí adentro era ella, que estaba sola», expresó Durán.

A ese pago, Durán le suma la larga lista de medicamentos que eran cambiados casi cada 48 horas, de acuerdo con quién le tocará la guardia médica. Además, adiciona las exigencias de bebidas de las mismas enfermeras.

Íngrid y su familia fueron víctimas hasta de regaños por las enfermeras, según el relato de su hijo Jesús. «Mi mamá un día le hizo señas de que estaba orinada y la enfermera le lanzó las sábanas encima. Si nosotros no llegábamos a las ocho de la mañana y nos pasábamos media hora porque andábamos buscando medicinas eran bastante duras. Nos regañaban. Todo eso lo toleramos por temor».

La gota que derramó el vaso ocurrió el 21 de septiembre, por segunda vez, la familia recibió del personal la indicación de que debía comprar Clindamicima, un antibiótico, del que habían notificado que Íngrid era alérgica. Constaba en su historia médica.

«Cuando nos percatamos de que lo mandado a comprar era Clindamicina volvimos a notificar que mi mamá era alérgica. Una de las enfermeras hizo un gesto y dijo algo que nos hizo sospechar que ya se lo habían administrado”.

El 22 de septiembre, cuando su mamá empezó a desmejorar, Durán hizo un reclamo y pidió que le relacionaran todas las medicinas que había entregado. La petición fue negada por la epidemióloga, quien alegó que lo que entraba al área de COVID-19 no salía, relató el joven.

«A mi mamá le dejaron de aplicar tratamiento cuando dejamos de pagar. Lo último que pidieron, el jueves en la tarde, fueron dos bolsas negras y heparina -un anticoagulante-, y eso llamó mucho la atención de mi cuñada y mi hermano, que estaban allí, porque habíamos visto a familias que le pidieron lo mismo y era prácticamente cuando el paciente estaba muriendo».

Aproximadamente, a las nueve de la noche del jueves 23, una médica salió del área de COVID-19 y notificó a la familia que Íngrid atravesaba una crisis. «Volvió a ingresar y cinco minutos después avisó de la muerte de mi mamá. Todo esto ocurrió un día después de que reclamé por los descuidos en la administración de los medicamentos; después de que advertí a la Dirección de lo que estaba ocurriendo. Nos callamos mucho tiempo por temor a que pasará lo que terminó pasando«.

Jesús Durán aseguró que hasta para retirar el cuerpo de su madre, el personal puso trabas. “No fue sino hasta las tres de la tarde del viernes 24, que se presentó un representante del Cuerpo de Bomberos. Los funcionarios fueron notificados tarde del deceso, ellos mismos lo dijeron».

En medio de su indignación, frustración y dolor, Durán hizo su denuncia en videos y asegura que llevará el caso a las instancias oficiales para que se realice una investigación como corresponde. «No voy a revivir a mi mamá, pero sí podemos evitar que sea la última muerte por negligencia e inhumanidad”, expresa.

La familia de Ingrid siempre supo que ese pago era indebido, pero lo hacía por temor a que la descuidaran. Grabaron llamadas y también capturaron imágenes, que ahora guardan como pruebas, para demostrar los delitos de que fueron víctimas.