Guanare.– Unos 20 familiares de privados de libertad que fueron trasladados a diversas cárceles del país como parte del desalojo del Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales (Cepello) denunciaron que muchos de estos internos están muriendo de desnutrición y tuberculosis, a la espera de que sus causas sean ventiladas en los tribunales.
Preocupados por la incertidumbre que les genera la paralización del sistema de administración de justicia, tras la cuarentena por el nuevo coronavirus, este grupo se concentró, este miércoles 29 de julio, en las afueras de la sede del Circuito Judicial Penal de Acarigua, desde donde hicieron pública la situación vivida por sus parientes, justo al cumplirse tres meses de la masacre ocurrida el 1° de mayo, que dejó 47 asesinados y al menos 75 heridos.
En un artículo publicado por la Red Unida de Derechos Humanos de Portuguesa, los familiares exigen a la ministra Iris Varela dar la cara y resolver la grave situación que viven los presos, porque, según sus testimonios, “estos tienen tuberculosis, vomitan sangre, están desnutridos, no tienen comida, no los atienden, no tienen agua y tampoco se les agilizan sus procesos judiciales, pese a que hay varios que ya tienen boleta de excarcelación”.
A través del diario local Última Hora, estas familias también dijeron que la mayoría de los privados de libertad tiene más de dos años que no los sacan a un tribunal y que cada vez que hay Plan Cayapa no los llaman ni los toman en cuenta para algún tipo de beneficio.
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De acuerdo con la versión publicada a raíz del desalojo de los internos del Cepello, se ofreció que cada caso sería atendido individualmente para definir lo que se haría y otorgar los respectivos beneficios o darle celeridad al proceso judicial. Sin embargo, todo se convirtió en una mentira más, porque no se cumplió, dijo el portal.
«Tenemos personas que tienen delitos de seis años y llevan seis y siete años presos todavía en calidad de procesados. Queremos que se aboquen, que nos ayuden, ya hemos agotado todos los mecanismos para que se haga justicia, solo nos queda trancar las calles hasta que alguien nos dé respuestas y no simples pañitos tibios», dijo la madre de un reo trasladado a la cárcel de Uribana, en el estado Lara.
«Queremos ver acciones, resultados, que sea la propia ministra de Asuntos Penitenciarios la que nos dé la cara y no mande a otro, que entre a cada penal y vea las condiciones de salud en que se encuentran esos muchachos, lo delgados que están, las enfermedades que están pasando, que se están muriendo a diario en esos recintos y que a nadie le duele. Son privados de libertad, pero ante todo, son seres humanos y tienen derechos también», enfatizó otro denunciante que no quiso ser identificado.
Expresaron que al momento del traslado a otros recintos carcelarios tampoco se les brindó información a dónde fueron enviados sus familiares y poco a poco lograron recabar los datos, a medida que los internos lograron comunicarse, ya que el ministerio no les aportó el listado.
«Desde que empezó la cuarentena no los vemos, aunque entendemos lo del distanciamiento social. Es el gobierno el que debe garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas; que permitan que se les pueda llevar comida más seguido», dijo un familiar.
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