Ante la declaratoria de la revolución judicial por parte del Gobierno nacional, grupos de familiares de privados de libertad en la fase de ejecución de sentencia se agolparon en los tribunales penales de Guanare y Acarigua, sedes de los circuitos penales del estado Portuguesa, para exigir celeridad en el otorgamiento de beneficios vencidos por cumplimento de penas, denegados por el retardo procesal que presentan las causas.
Este martes 29 de junio frente a los tribunales de Acarigua, Yusneidi Linárez, portavoz de un grupo de presos trasladados desde mayo de 2020 a los centros penitenciarios David Viloria y Fénix, en Lara, precisó que ejercen presión para que las autoridades judiciales entreguen los cómputos requeridos para el proceso de cumplimiento de las penas de los privados de libertad. Las demoras pasan de un año, reveló.
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«Nos hacen perder el tiempo. Cada vez que venimos nos dicen que están preparando un Plan Cayapa o que viene un abordaje de causas penales, pero nada. Solo mentiras», señaló Linárez al mostrar la lista de reclusos que necesitan los cómputos de penas.
Linárez informó que cuentan con una lista de unos 150 presos que fueron trasladados en mayo de 2020 desde el Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales (Cepello) a las cárceles Uribana y Fénix y aún no se les agilizan sus causas, la mayoría con pena cumplida. «Queremos que nos digan cuáles son los que requieren boletas de libertad y cuáles son los que requieren los cómputos», señaló la portavoz.
La vocera de los presos exigió el traslado al tribunal y la diligencia de medios de transporte. «Siempre salen con la excusa de que no los traen a las audiencias porque no hay autobús o no hay gasolina. Eso ya es inadmisible», señaló la fuente.
La excusa de la pandemia
La presidenta del Colegio de Abogados de Portuguesa, Zoila Calderón, denunció que desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, y luego del desmantelamiento del Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales (Cepello) se ha paralizado la materialización de beneficios procesales que por ley corresponden a un privado de libertad.
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Según Calderón, la mayoría de los requisitos para optar a los beneficios procesales dependen del Ministerio para el Servicio Penitenciario, tales como evaluación psicosocial, redenciones y constancia de antecedentes penales. «Se excusan con la pandemia para no atender los requerimientos», precisó Calderón.
Juan Quintero, familiar de un preso en Guanare, explicó que hay reclusos con penas de cinco años, y hasta menos, que por cumplimento de requisitos para optar a una suspensión condicional de la ejecución de la pena tienen sus causas paralizadas y se mantienen ilegítimamente privados de libertad. «Se les impide el trámite para cumplir con lo requerido por el tribunal de ejecución. No están expidiendo las constancias», señaló.
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