Guanare.- Desde noviembre de 2020, comenzaron a llegar facturas equivalentes hasta 1.000 dólares por consumo eléctrico a los comerciantes de Guanare, en el estado Portuguesa, lo que ha generado preocupación y alarma en el seno de la cámara que los agrupa y en el propio capítulo regional de Fedecámaras.
Gian Carlos Bittondo, presidente de la cámara de comercio e industrias de Guanare, informó a El Pitazo que los aumentos de las tarifas comerciales oscilan entre 4.000% y 10.000%. El dirigente citó los casos del restaurante La Curva, a cuyos dueños se les exige el pago de un monto aproximado de 1.000 dólares, y del hotel La Cigarra, establecimiento cuyo importe por consumo eléctrico fue calculado en 350 dólares.
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Esta situación, según Bittondo, conlleva a un cierre técnico. Alegó que, entre este aumento desproporcionado, los ajustes permanentes de los impuestos municipales y la pandemia, el desplome del comercio en Guanare será brutal a corto plazo.
“Solo trabajamos 5 mediodías a la semana en periodo de cuarentena radical y, de paso, en esos 5 días padecemos racionamiento de entre 3 y 4 horas”, señaló, al tiempo que se preguntó: “¿entonces, cuando podremos trabajar y mejorar los ingresos?”.
Bittondo argumentó que a ese panorama descrito se le suma el hecho de que cuando el comerciante acata la medida de cierre y deja la santamaría entreabierta para limpiar y prepararse para el otro día es objeto de acoso por parte de los fiscales de la alcaldía. “Andan con motorizados, te levantan la santamaría de forma grosera, intimidando y violando la propiedad privada para que te bajes de la mula”.
El presidente del gremio de comerciantes de Guanare también denunció que mientras esto ocurre hay 10 negocios asiáticos de la ciudad que trabajan todos los días. Estos, dijo, están hasta protegidos por los policías. Lamentó que el resto de los comerciantes no gocen de esos beneficios y, más bien, sean castigados.
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La cámara de comercio de Guanare ha elevado el reclamo de las tarifas eléctricas a través de Fedecámaras. De hecho, ya hubo una asamblea con Osman Quero, presidente del capítulo Portuguesa.
“Es imposible intentar acciones judiciales por aquí. Quisimos hacerlo a través de abogados privados, pero nos pidieron 7.000 dólares por la gestión. Un comercio deprimido no puede pagar esos honorarios”, destacó Bittondo.
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