Guanare.- El silencio administrativo de la Inspectoría del Trabajo, en Guanare, ya es penoso. El órgano del Ministerio del Trabajo en el estado Portuguesa no ha respondido a 11 solicitudes escritas por reenganche suscritas en forma colectiva por 24 trabajadores de la empresa privada Agrollano Servi C.A, la nueva administradora de los silos de Agropatria.
Los trabajadores despedidos desde marzo de 2022 exigen al inspector, Carlos Eduardo Ramírez Hurtado, que se pronuncie sobre sus despidos ocurridos injustificadamente, según cuenta Rosa Linarez, vocera del grupo. “Ya son 11 las solicitudes escritas y no responde, por lo que exigimos el cumplimiento de la ley”, dijo a El Pitazo este lunes, 4 de julio, a las afueras del Ministerio del Trabajo en la capital de Portuguesa, dónde acudieron con pancartas y en protesta cívica.
Los 24 trabajadores despedidos formaron parte de la empresa Agropatria. Se desempeñaron hasta el día de su despido, ocurrido en marzo pasado, en los silos de la empresa estatal en Guanare.
Luego de que Agrollano Servi C.A. tomó las riendas de la administración de los silos, los 24 trabajadores quedaron fuera de la nómina. “Nuestra querella es con Agrollano Servi, que es nuestro patrono”, aclaró Linarez, quien exige a ésta el reenganche y el pago de salarios caídos, amparada en el artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo (Lottt).
“El pasado 7 de marzo de 2022 nos negaron el acceso a las instalaciones de la planta, gerenciada por Agrollano Servi C.A. Ello pese a que ya habíamos sido notificados de la sustitución del patrono y de que ninguno de los trabajadores sería afectado por el cambio de administración”, dijo el grupo de trabajadores en un escrito entregado al El Pitazo.
Los denunciantes Rosa Linares, Rómulo Carrera, Maylin Fernández, Rafael Rojas, Yosma Castellanos y Jhonny Escobar, manifestaron que Agrollano Servi C.A fue la primera en violentar sus derechos de inmovilidad laboral a causa de un despido masivo injustificado.
Alegan que el Inspector del Trabajo, Carlos Ramírez Hurtado, no ha querido cumplir con sus responsabilidades, “transgrediendo nuestros derechos humanos y laborables, así como nuestra seguridad social, derecho a la alimentación, salud, vestido y educación de nuestros hijos y demás familiares que dependen de nuestro trabajo”.
Los afectados hicieron un llamado al ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, y al fiscal general Tarek William Saab, para que se aboquen a solventar la situación y dar respuestas a los trabajadores, que suman entre con 10 y 18 años de servicio en la empresa.
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