Guanare.- El pasado martes 11 de mayo, se instaló en Guanare la sala telemática del circuito judicial penal del estado Portuguesa. El acto inaugural lo encabezó por videoconferencia el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, y su representada en la región, la juez rectora Anarexi Camejo.
Las salas telemáticas fueron creadas en todos los circuitos judiciales del país por resolución número 2020-0009 de la Sala Plena del TSJ de fecha 4 de noviembre del 2020. Estas constituyen una herramienta tecnológica para realizar actos del proceso penal a través de la internet, en consideración a las limitaciones que contempla el decreto de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.
En torno a esta iniciativa hay muchas esperanzas, pero también dudas. Los operadores de justicia aspiran descongestionar las causas penales acumuladas por falta de audiencias preparatorias, de ejecución y de juicio oral, y los presos y sus familiares esperan escépticos que se haga justicia por el retardo procesal.
Presos con pena cumplida
¡Justicia! Eso es lo que esperan José Daniel y su madre, María Sira. Este joven de 27 años tiene cinco años procesado por el delito de robo agravado y no ha podido lograr que el tribunal primero en funciones de juicio despache su caso. Ya tiene la pena cumplida.
José Daniel es uno de los 2.098 reclusos evacuados el 14 de mayo de 2020 desde el Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales (Cepello) en ocasión del desalojo que ordenó la ministra de Asuntos Penitenciarios para la fecha, Iris Varela, tras la masacre ocurrida en dicha cárcel con saldo de 47 asesinados y 52 heridos graves.
A raíz de la masacre, por la que se imputó formalmente a cinco funcionarios de la Guardia Nacional (Alberto Castro Malagueta, primer teniente; Jesús Manuel Torres Parada, sargento primero; Yojangel Simón Rodríguez, sargento mayor; Jorge David Almeida Gudiño, sargento primero; y Francisco José Rodríguez García, sargento primero) del Cepello fueron liberados 217 reclusos bajo régimen tutelado y 1.718 presos fueron trasladados a penales con régimen penitenciario, mientras que 380 a penales abiertos, para un total de 2.098 reclusos evacuados, según datos del propio ministerio.
A un año de su traslado al Internado Judicial de Trujillo, el proceso de José Daniel está paralizado por falta de traslado y por el funcionamiento a medias de las actividades judiciales en ambas entidades federales.
En Venezuela, por el delito de robo agravado, y por el que procesan a José Daniel, la posible pena a imponer en un juicio oral es de 6 años y 8 meses de prisión. El Joven, por encontrarse privado de libertad durante 5 años, ha cumplido las tres cuartas partes de la pena. Así, en atención al Código Orgánico Procesal, ya debería estar gozando de libertad.
“Mi hijo lleva cinco años procesado, se ha gestionado el traslado para sus actos procesales siendo infructuosas las diligencias: en el penal me dicen que no hay traslados porque no hay vehículos y porque estos deben ser autorizados por el Ministerio Penitenciario”, explicó a El Pitazo la madre del recluso.
El caso de José David es similar al de decenas de privados de libertad que salieron del Cepello procesados por los juzgados del estado Portuguesa y a la fecha no han obtenido respuestas de las autoridades penitenciarias ni judiciales.
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