Acarigua.- En Venezuela quienes son portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana o —según sus siglas— VIH, deben enfrentar, además del rechazo y la discriminación, las consecuencias que provienen de la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país.
Un paciente con esta enfermedad debe cumplir con un tratamiento de medicamentos antirretrovirales para hacer frente al virus, solo para mantener estable su sistema inmunológico. Sin embargo, en Venezuela cerca de 120.000 personas con VIH se han quedado sin antirretrovirales. La situación ha generado que muchos tengan que buscar ayuda fuera del país.
Este domingo 1º de diciembre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Sida. Según cifras de la ONU, 37,9 millones de personas en el mundo viven con VIH. Alberto Pérez García es uno de estos casos. Con su enfermedad, desde hace años afronta las fallas en el sistema de salud pública, y también las pocas oportunidades laborales, la imposibilidad de adquirir una vivienda digna.
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Desde hace alrededor de 13 años, su hogar, y el de su esposa e hija, es un kiosco viejo que se encuentra frente al hospital Dr. Jesús María Casal Ramos de Acarigua-Araure, justo en la isla que divide los dos canales de la avenida Bicentenario, antigua Rafael Caldera, en el cono norte de Portuguesa.
Las condiciones en las que vive, su situación de salud y el “engaño” en el que lo ha mantenido en Gobierno regional —desde la administración de Wilmar Castro Soteldo hasta la actual, de Rafael Calles—, prometiéndole una vivienda que aún no le ha sido entregada, ha hecho que esta no sea la primera vez que su caso sea expuesto a la colectividad.
«Cuando Wilmar Castro Soteldo vino en una oportunidad hasta el hospital a realizar una inspección, él mismo, siendo gobernador, me aceptó y firmó una solicitud de vivienda. Yo me registré en la Gran Misión Vivienda Venezuela porque me prometieron que me iban a reubicar, y no ocurrió nada», relata el hombre de 43 años, cuya salud se ha venido complicando, ahora con dificultades renales.
«Luego, durante la remodelación de la emergencia del ‘Casal Ramos’, aproximadamente hace cuatro años, Reinaldo Castañeda Rivas —para ese entonces gobernador de Portuguesa— también hizo lo mismo: se comprometió a otorgarme una casa en esos urbanismos que se han construido, pero aquí sigo. Pese a ser un caso social, ni la misma Defensora del Pueblo, Raquel Vieira, me ha tendido la mano. He sido vulgarmente engañado», afirma Pérez García.
Asegura que se gana la vida como motaxista, y también hace un dinero extra vendiendo uno que otro repuesto usado o chatarra en el mismo kiosco donde vive, el cual no tiene baño ni cocina.
«Aquí, en este lugar donde vivo, me tocó quedarme. Hace 13 años me sacaron del hospital, donde estuve recluido por tres meses y salí pesando 17 kilos, y no tuve otra opción sino tenerme en este kiosco; no tenía adónde ir», explica.
En este lugar, la familia está a merced del hampa y también en riesgo de que un vehículo de carga se meta sobre la isla e impacte contra las láminas de aluminio que forma en el tarantín donde duermen.
Además de habérsele negado vivir bajo un techo en mejores condiciones, el Estado también le ha quitado a este venezolano la oportunidad de mantener estable su sistema inmunológico, a consecuencia de la falta de antirretrovirales.
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