Acarigua.- Desde el pasado octubre, reclusos del Centro Penitenciario Los Llanos (Cepella), de Guanare, en Portuguesa, que están siendo procesados en el Segundo Circuito Judicial Penal, extensión Acarigua, no han sido trasladados a sus audiencias. La información fue dada a conocer este jueves 12 de marzo por el coordinador del Foro Penal del cono norte portugueseño, Eusebio Giménez.
El vocero de derechos humanos precisó que las razones por las que esto ocurre en esta región son distintas al resto del país. Mencionó que en algunas ocasiones se debe a que no llegan las boletas para autorizar el traslado, en otras ocasiones falla el transporte, o algunos procesados se niegan a ser trasladados, porque afirman estar mejor dentro del penal de carácter preventivo.
La situación expuesta, según precisa el defensor de los derechos humanos, perjudica gravemente a la administración de justicia, puesto que el diferimiento de las audiencias deriva en retardo procesal. “Es una obligación del Estado venezolano garantizar que a los privados de libertad se les otorguen las medidas que corresponden, se culminen sus juicios o que sean condenados como establece el ordenamiento jurídico”, precisó Giménez.
El vocero advirtió que en las dos últimas semanas se efectuó en el Circuito Judicial de Acarigua una jornada del Plan Cayapa, para darle celeridad a los procesos pendientes, y aunque fueron atendidos casos procedentes de los ocho municipios del norte de la entidad, los procesados del Cepella no fueron tomados en cuenta. La situación, advirtió Giménez, incide en el crecimiento de la población penal que no ha recibido sentencia.
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El coordinador del Foro Penal dijo también que los traslados no solo están siendo impedidos en esta penitenciaría. Precisó que una situación similar ocurre en los centros de reclusión preventivos de las policías regional, nacional, Guardia Nacional y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). En estos casos se alega que estos organismos no cuentan con patrullas para cumplir con los traslados.
En camiones
El pasado lunes 9 de marzo, esta situación quedó en evidencia cuando un grupo de privados de libertad de los calabozos del Centro de Coordinación Policial del municipio Turén, zona agrícola de Portuguesa, llegó en la cava de un camión 350 a la sede del circuito. El momento en que ingresaban al área de recepción de detenidos fue capturado en video por personas que se encontraban en el lugar, y de inmediato el material comenzó a circular por las redes sociales.
El hecho fue calificado por Giménez como una violación a los derechos humanos de estas personas que se encuentran presas y que son tratadas de forma infrahumana. El abogado precisó que todo ocurrió cuando se ejecutaba el Plan Cayapa en el este circuito penal.
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“El privado de libertad desea que se resuelva su situación jurídica. Por eso accede a este tipo de tratamiento. Incluso hay casos en los que los familiares deben contribuir para pagar un transporte privado que garantice el trasladado del reo”, dijo Giménez, quien hizo un llamado a la Fiscal Superior, Defensora el Pueblo, presidenta del Circuito Penal y hasta a los directores de los centros de reclusión para que se resuelva la situación lo antes posible. Hizo énfasis en que es una responsabilidad del Estado garantizar el debido proceso y los derechos humanos de todos por igual.
Este hecho también fue repudiado por la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Carolina Girón, quien indicó que esta organización recibe «gran cantidad de denuncias por el diferimiento de las audiencias», debido a que algunos familiares deben incluso pagar el traslado o que los mismos deben llevar las boletas de traslado hasta las comandancias policiales para dar continuidad al procedimiento tribunalicio.
“Esto es inhumano, la forma como están trasladando a esos jóvenes, como animales. Ellos están siendo sometidos a tratos crueles, atenta contra sus derechos humanos. El Estado viola sus derechos de forma flagrante”, enfatizó Girón a través de un comunicado de prensa.
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