Los Llanos.- El sicariato del exdetective del Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), registrado el miércoles 20 de abril en Portuguesa, ha puesto en dudas nuevamente la actuación del órgano detectivesco. El expolicía debió estar tras las rejas cumpliendo una condena de 10 años y 6 seis meses por homicidio, pero fue asesinado en casa de su suegra, en una barriada de Acarigua.
Su nombre era Carlos Alberto Salinas Barco, uno de los cuatro efectivos del Cicpc-Acarigua señalados del asesinato del niño Samuel José, de 3 años, al que balearon junto a su hermana de 10 años, en otro «mal procedimiento» policial, registrado en la autopista José Antonio Páez, entre Araure y Ospino, el 18 de abril de 2019.
Salinas Barco y sus compañeros —Fraimer Linárez Martínez, Carlos Alberto Salinas Barco, Eduardo José López Navas y Rodolfo Javier Salazar, adscritos a los Ejes de Homicidios y Vehículos— fueron sentenciados a más de 10 años de prisión por infanticidio en grado de coautoría y uso indebido de arma orgánica, tras un proceso judicial que fue radicado en el estado Carabobo.
Desde su imputación, en abril de 2019, los cuatro se encontraban recluidos en la sede del Eje de Homicidios del Cicpc-Acarigua, en la urbanización 24 de Julio, a unos 8 kilómetros de distancia de donde Salinas Barco fue asesinado el pasado miércoles. En este hecho resultó también muerto Carlos Demetrio Pineda Corobo (30 años), mecánico y cuñado del exfuncionario, que estaba en el lugar cuando dos sujetos armados abrieron fuego contra ellos.
Vivían libremente en Acarigua
Shaday Corona de Méndez, madre del niño asesinado en el 2019, asegura que el homicidio de Salinas Barco ocurrió porque este, y el resto de los funcionarios involucrados en la muerte de Samuel José, gozaba de libertad, en contradicción con el mandato del tribunal, que ordenó como centro de reclusión los calabozos del Cicpc.
«Los cuatro funcionarios salen cada vez que les da la gana. Duermen en sus casas, van a fiestas. Pasan diciembre con sus familias y eso todo Acarigua lo sabe», escribió Corona de Méndez en una publicación en redes sociales.
La madre del infante asesinado advirtió a la colectividad, meses después del crimen, que los órganos de justicia mostraban vicios en la investigación para intentar exculpar a los funcionarios. Ahora afirmó que, pese a que se consiguió imponer una pena de prisión, las autoridades aún se muestran a favor de los sentenciados, permitiéndoles privilegios, como andar en libertad.
Requería atención médica, según el Cicpc
Las autoridades del Cicpc, no obstante, aclararon a través del reporte oficial que Salinas Barco no estaba en libertad, sino que era trasladado a un centro asistencial justo cuando fue asesinado.
La minuta de la policía indica que Salinas Barco y su cuñado iban acompañados por una comisión del Eje de Homicidios de este mismo organismo cuando se registraron los hechos la tarde del miércoles 20. Se trasladaban en un auto particular, que al llegar al barrio San Antonio fue interceptado por dos sujetos armados que iban en otro vehículo y que dispararon contra ellos.
En el reporte policial se informa que desde el martes 19 el exfuncionario comenzó a presentar malestar general, dolor abdominal y náuseas. Fue valorado por el médico forense, quien determinó que se podría tratar de una litiasis renal (cólico nefrítico).
Durante la tarde del miércoles, los síntomas se agravaron, «por lo que es necesario por la urgencia del caso, trasladarlo a un centro asistencial privado, conformando comisión por funcionarios (…), siendo necesario antes de llegar al centro asistencial pasar por la vivienda del ciudadano Carlos Demetrio Pineda Corobo, y es cuando son interceptados por un vehículo del cual se desconocen características, de donde descienden dos ciudadanos portando armas de fuego y proceden a accionar contra el vehículo», describe el informe policial.
En el lugar se originó un intercambio de disparos y en él resultan heridos Salinas y su cuñado, quienes finalmente fallecen durante el traslado al hospital de Acarigua-Araure.
Dicha versión es cuestionada por la población y por Shaday Corona de Méndez. «Exactamente el hospital no quedaba a que la suegra y si andaban con una comisión no se iban a dejar atacar de esa manera. Son demasiado descarados», comentó la madre del niño asesinado.
Se espera que las autoridades inicien una investigación para determinar responsabilidades en el seno de la policía científica.
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