Guanare. La diputada María Beatriz Martínez, de la comisión de derechos humanos de la Asamblea Nacional, consideró importante, aunque tardío, el pronunciamiento oficial del Ministerio Público sobre la masacre ocurrida el viernes 1° de mayo en el Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales (Cepello), ubicado en Guanare, estado Portuguesa, donde 47 presos fueron asesinados y 67 resultaron heridos.
Es evidente que no se había dado una versión oficial de estos lamentables hechos hasta hoy , una semana después, señaló la diputada Martínez en entrevista para El Pitazo. Destacó que las investigaciones anunciadas por Saab «se alejan de la tesis previa de Iris Varela sobre fuga masiva frustrada«.
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Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, dijo este viernes 8 de mayo que tienen adelantadas el 75% de las investigaciones tanto de carácter criminalístico como las experticias forenses.
Según Martinez, cuando el fiscal informa que «hasta el momento se han identificado a 12 personas involucradas, no solo funcionarios sino también, líderes negativos conocidos como ‘pranes’ de ese centro de reclusión», no solo reconoce el enfrentamiento promovido por matones y militares sino que desmiente a la ministra de Asuntos Penitenciarios, quien había ratificado la versión de la Guardia Nacional sobre intento de fuga masiva frustrada.
La diputada lamentó que el fiscal Tarek William Saab haya guardado silencio sobre las denuncias de los familiares de las víctimas, respecto de la ausencia de lista oficial de identidad de muertos y heridos, reconocimiento irregular de los cadáveres mediante fotografías digitalizadas y el entierro en fosas comunes.
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«Es inconcebible que el fiscal general haya obviado las condiciones de las víctimas y las razones por las que estas protestaban al momento de ser asesinadas. Estaban en manos y bajo la responsabilidad del Estado, y de ello debe dar cuenta el Ministerio Público», sostuvo.
La investigación penal por esta masacre la adelantan las fiscalías 94ª Nacional y 8ª de Portuguesa, ambas con competencia en materia de derechos humanos. Las imputaciones de los hasta ahora 12 detenidos, según el fiscal general, tendrán lugar a a mediados de la semana que inicia el 11 de mayo. A los presuntos responsables se les precalificaría el delito de homicidio intencional, según se conoció.
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