San Carlos. – Al menos 69 presos fueron liberados por los tribunales en el estado Cojedes, de acuerdo con información de la Organización No Gubernamental (ONG) Una Ventana a la Libertad (UVL) en esta entidad. Las excarcelaciones se otorgaron como parte del Plan Especial de la Revolución Judicial, anunciado por el gobierno Nicolás Maduro el pasado mes de junio.
De acuerdo con la información de la ONG consultada por El Pitazo, este jueves 15 de julio, entre el 28 de junio y el 14 de julio se otorgaron 69 boletas de excarcelación a presos que se encontraban detenidos en los centros de detención preventiva de los comandos de Policojedes, en los 9 municipios del estado, y en las subdelegaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de San Carlos y Tinaquillo.
En el informe de UVL se explica que los reos liberados eran procesados y penados, en su mayoría, por los delitos de robo agravado, robo y hurto. A los detenidos se les otorgaron medidas sustitutivas de libertad como arresto domiciliario, suspensión condicional del proceso y régimen de presentación periódica.
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Abogados y defensores privados han denunciado la paralización de las audiencias desde el comienzo de la pandemia, lo que es violatorio del debido proceso, de los derechos humanos y de las garantías establecidas en la Constitución y las leyes del ordenamiento jurídico venezolano. También ven con recelo estas acciones en las que a muchos de los juristas no se les notifica de las audiencias especiales que se realizan de manera exprés a sus asistidos sin su presencia, a pesar de que forman parte de la defensa y, en su lugar, colocan defensores públicos.
Igualmente, presos, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado las condiciones de hacinamiento, insalubridad, falta de atención médica y enfermedades presentes en los centros de detención preventiva de esta entidad.
Del mismo modo, familiares de los detenidos procesados por otros delitos, que no son hurto, hurto agravado y robo, esperan que las autoridades judiciales revisen sus expedientes para que se les pueda otorgar un beneficio procesal y puedan seguir el proceso en libertad.
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