Guanare. Los productores de caña de azúcar exigen al Gobierno nacional hacer efectivo el cobro de aranceles, a la brevedad posible, por la masiva importación de azúcar refinada que comienza a verse en los mercados formales e informales del país.
Emilio Vargas, vicepresidente de la Federación de Sociedades de Cañicultores de Venezuela (Fesoca) considera que la saturación del mercado con marcas de azúcar refinada importada, sin pago de impuestos, afecta la comercialización y producción de azúcar local. «Es un duro golpe que estrangula aún más a los cañicultores que sufren las consecuencias de la crisis económica y que padecen las peores condiciones para la producción de caña de azúcar en Venezuela», argumentó.
El Ministerio de Alimentación, exigió Vargas, debe actuar de inmediato en la fijación del monto y en el cobro de dichos aranceles, pues se está aniquilando el circuito azucarero venezolano.
Fesoca insiste en que este tipo de importaciones afecta las fuentes de empleo en el campo y en las fábricas, provocando una competencia desleal que compromete los intereses de la nación.
De hecho, durante la zafra 2019 – 2020 los cañicultores venezolanos resisten la carencia e inflación de precios de insumos, repuestos y equipos imprescindibles para garantizar la cosecha y arrime de materia prima a los pocos centrales azucareros que todavía operan en el país, según ha advertido Fesoca.
Productores en ruina
Portuguesa es el estado con más área sembrada de caña de azúcar en Venezuela y con la mayor concentración de fábrica nacional. Es el primer productor de caña de azúcar con el 38% de producción reportada por el MAT para 2004, seguido de Yaracuy (18%) y Lara (10%). Cuenta con 500.000 hectáreas potenciales para el cultivo y con cinco centrales de procesamiento industrial de los 16 fundados en el país.
Para 1999 la producción nacional de caña de azúcar rondó las 105.000 hectáreas, de las cuales se extrajeron más de 7 millones de toneladas métricas generando ingresos para la nación superiores a los 1.000 millones de bolívares de la época, indican reportes oficiales.
Los productores de Portuguesa, comenta Emilio Vargas, quién también ejerce de presidente de la Sociedad de Cañicultores del Central Azucarero Tolimán (Socatol), todavía se atreven a enfrentar las dificultades para seguir produciendo. «Ahora se encuentran con esta injusta situación que afecta la colocación en el mercado de la azúcar producida y procesada en el país, mientras los productores de otros países se aprovechan del mercado venezolano y los nuestros se hunden en la ruina».
Los cañicultores locales no tienen acceso al financiamiento bancario. Los sobrevivientes cubren los requerimientos con sus propios haberes; a parte de encarar por cuenta propia la inseguridad jurídica y ciudadana, detalló.
Vargas denunció, además, que las carreteras rurales están destruidas. «Ahora, por si fuera poco, la escasez de combustible –diesel y gasolina- empeora la situación sin que se nos muestre un panorama para el mejoramiento y estímulo al emprendimiento y a nuevas inversiones en las unidades de producción».
«Los productores no mendigamos dólares al Gobierno, no amenazamos ni hacemos guerra económica; lo único que sabemos hacer es producir. Por ello exigimos al Gobierno que garantice protección a los cañicultores venezolanos, especialmente a los pequeños productores que constituimos más de las tres cuartas partes del circuito azucarero. Es un deber atiender esta exigencia y evitar que la gente que vive de la agricultura se muera de hambre,» sentenció el dirigente agrario.
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