Guanare.- Unas 15 familias de la urbanización La Granja, en Guanare, han sido víctimas de desalojos arbitrarios por parte del estatal Banco Nacional de la Vivienda (Banavi), ente que se excusa en la regularización de las adjudicaciones de los inmuebles.
Una víctima de la medida ha sido Andreína Virguez, joven madre de tres hijos a quien funcionarios del nivel central del Banavi le clausuraron su apartamento en la torre 2. «Le cambiaron la cerradura y secuestraron mis enseres domésticos, mientras yo procuraba las medicinas de mi hijo y de mi mamá, que padece de enfermedades crónicas», dijo Virguez.
Andreína Virguez, al ver clausurado su apartamento, tuvo que proceder a cambiar la cerradura para poder ingresar y darle cobijo a su familia, lo que produjo una nueva reacción de los funcionarios de Banavi.
Los representantes del Banavi volvieron a su casa con una carta de desocupación inmediata. «Me decían que debía entregar las nuevas llaves porque el apartamento está en toma de posesión preventiva por parte del Gobierno», reseñó la mujer.
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Virguez demuestra que está en su casa, que allí tiene todas sus pertenencias desde 2016 y que no se quedará en la calle. En su apartamento también vive con su madre Estefanía Azuaje, quien padece de esclerodermia, una enfermedad degenerativa tratada con Metrotexate y Azapril, medicamentos de alto costo que, a la fecha, no le ha garantizado el Seguro Social.
La Granja es un urbanismo de la Misión Vivienda construido hace más de ocho años en el sur de la ciudad. Consta de ocho torres de 24 apartamentos cada uno. Las adjudicaciones fueron hechas a través de «redes populares» del Ministerio de la Vivienda, según consta en actas mostradas a El Pitazo.
Sin embargo, los propietarios alegan persecución y violación de domicilio y de su derecho a la vivienda. Acusan al Gobierno, el mismo que les otorgó la ocupación .
Marivi Zaab, de la Torre 4, denunció que funcionarios de Banavi, acompañados de guardias nacionales y policías, han llegado en operaciones tipo comando violentando los inmuebles y cambiando cerraduras a todo el que encuentran aparentemente deshabitado . «Andan quitando los apartamentos a los que creen que se fueron del país», precisó.
En ese empeño, comenta Zaab, han violado derechos humanos a familias que están asentadas legalmente, pero que han salido de compras o en busca de un empleo para mantener a su familia. «Esto no es regalado, esto es comprado: nosotros pagamos nuestras casas», aseguró .
Detalles del secuestro
Todo comenzó el 13 de mayo del año en curso. Los vecinos de La Granja recibieron una citación del Banavi para comparecer a la agencia regional e iniciar el proceso de regularización de la propiedad de los apartamentos. Allí se les hizo firmar una acta donde se les conminaba, en lapso de 24 horas, a consignar recaudos originales de adjudicación, entre los que figuraban la constancia de registro de vivienda principal.
Zaab sospecha que allí estuvo la trampa, pues el mismo día 14 comenzaron los desalojos y secuestros. «Lo que querían era la data para verificar contra quién iban a actuar», relata.
«Aquí hay intereses oscuros, hay patriotas cooperantes apoyando esta arbitrariedad, porque quieren nuestras casas, quieren desalojar a otros para meterse ellos, al igual que han hecho con las bolsas de comida», dijo María Alejandra Martínez.
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