Mérida.- En el marco de la visita a Venezuela de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) destaca los casos registrados en la región andina, donde han sido violados derechos humanos fundamentales, y pide a la alta comisionada tomarlos en cuenta.
La directora del ODH-ULA, Mayda Hočevar, resaltó a El Pitazo la importancia de alzar la voz desde las distintas regiones del país para dar a conocer a la alta comisionada lo que ocurre en materia de violaciones a los derechos humanos más allá de la capital del país. Además, Hočevar insistió en la importancia de revisar detenidamente lo que ocurre en materia universitaria, donde la libertad académica y la autonomía se ven seriamente amenazadas.
Sistema paralelo de universidades
El ODH-ULA ha venido observando que, junto a la promulgación de leyes restrictivas a la libertad académica y la autonomía universitaria, se ha desarrollado un sistema universitario paralelo. “Esto no solo implica la creación de nuevas universidades, sino que también se han intervenido muchas ya existentes, como las universidades experimentales y los colegios o institutos universitarios. Lo más grave de estas instituciones no es que no sean autónomas, sino que están destinadas por ley a hacer proselitismo. Su función es adoctrinar y crear cuadros políticos afectos al Gobierno nacional, donde quien piensa diferente corre el riesgo de ser expulsado”, advierte Hočevar.
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Sobre este asunto, el ODH-ULA emitió recientemente un informe titulado “El sistema paralelo universitario en Venezuela. 2003-2019”, en el que da cuenta de lo ocurrido en la educación superior venezolana desde el decreto de creación de la Misión Sucre, ocurrido en 2003. “Para 2019 tenemos que 90 % de las universidades en Venezuela no son autónomas, sino que están subordinadas al Ejecutivo nacional. Sus autoridades no son electas por el claustro universitario, como lo exige la normativa internacional, sino que son impuestas, así como los contenidos curriculares”, detalla la directora del referido Observatorio.
En dicho informe, el ODH-ULA también destaca el gasto de más de 2.300 millones de dólares, desde 2004 y hasta 2017, en asignación presupuestaria para las universidades no autónomas, mientras que el presupuesto de las autónomas es cada vez más exiguo.
Bomberos acusados de incitación al odio siguen enjuiciados
El caso de los bomberos que en septiembre de 2018 hicieron sátira en un video es otro de los casos de violaciones a derechos humanos registrados por el ODH-ULA en la región. En un primer momento esos funcionarios fueron acusados por delitos contemplados en la Ley contra el Odio, la cual ha sido catalogada como inconstitucional por distintas organizaciones defensoras de derechos humanos.
Desde el pasado 31 de octubre los funcionarios están en libertad condicional, con régimen de presentación cada 30 días, prohibición de salida del estado Mérida y de dar declaraciones a la prensa. Sus juicios continúan en proceso por los delitos de ofensa al presidente y de instigación al odio, establecidos en los artículos 147 y 285 del Código Penal venezolano.
Hospital Universitario no garantiza derecho a la salud gratuita
“En Venezuela la salud no es gratuita. El Estado no garantiza el derecho a la salud gratuita. Para ser atendido en un hospital hay que llevar todo, hasta el detergente para limpiar el piso”, señala Hočevar, quien destaca la situación del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula), donde 18 de sus programas están colapsados por déficit presupuestario y la creciente diáspora de sus recursos humanos.
En este centro de salud tampoco está garantizado el derecho a la vida por las constantes fallas en los servicios básicos. En octubre de 2018 el Iahula estuvo cinco días continuos sin servicio de agua potable, recurso que desde hace años no llega a los últimos pisos de este centro de salud. En el 2016 una menor de edad falleció por falta de agua en la máquina de diálisis que requería utilizar con urgencia.
Las constantes fallas en el sistema eléctrico también ponen en peligro el uso de algunos equipos del Iahula que no pueden estar conectados a plantas eléctricas, así como la operatividad de varios de sus servicios.
Órgano de Dirección de Defensa Integral de Mérida vulnera la institucionalidad
El pasado mes de marzo el Consejo Legislativo del Estado Mérida, de mayoría oficialista, ordenó la creación de un Órgano de Dirección de Defensa Integral para el estado (Oddi-Mérida). Este organismo tiene competencias en ámbitos diversos, incluyendo el control de la distribución de combustible en el estado desde que existe escasez de este suministro en la entidad.
“El ODH-ULA introdujo un recurso de nulidad ante el tribunal contencioso administrativo sobre la resolución, con carácter de ley estadal, emitida por el Consejo Legislativo del Estado Mérida para la creación de ese órgano que es plenipotenciario en todos los ámbitos. Es una especie de mini-Asamblea Nacional Constituyente”, asegura Hočevar, quien destaca con preocupación el hecho de que ese Oddi permita la actuación conjunta de fuerzas policiales con fuerzas extraoficiales o colectivos de civiles armados.
Finalmente, la directora del ODH-ULA destacó el reciente asesinato de Wildemar Parades Moreno a manos de un funcionario policial, ocurrido el pasado 8 de junio en una cola de gasolina en la localidad de Tabay. “Aunque se han detenido policías nacionales por el hecho, el caso implica una serie de violaciones a los derechos humanos que deben denunciarse”, precisó Hočevar, quien exhortó a Michelle Bachelet a no dejar de lado ninguno de estos casos.
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