Mérida.- Este lunes 16 de diciembre el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), publicó su más reciente informe titulado, “Víctimas sin justicia: impunidad y violaciones de derechos humanos”. Más de 30 víctimas asistidas o representadas por los abogados de esta organización en Mérida, no han recibido justicia por sus casos, algunos de los cuales ocurrieron hace más de dos años y medio.
Retardos, negaciones e irregularidades en los debidos procesos judiciales son las causas de la ausencia de justicia que ha documentado el ODH-ULA. Los casos expuestos en el referido informe son llevados por el Ministerio Público o diferentes tribunales del país. «En ninguno de ellos ha habido respuesta ni acción judicial alguna, siendo que muchos constituyen graves violaciones a los derechos humanos», indica el informe.
En ocho denuncias introducidas por los abogados del ODH-ULA ante el Ministerio Público, entre abril de 2017 y agosto de 2019, ni siquiera se ha iniciado la investigación correspondiente. Una de esas denuncias agrupa a 18 víctimas cuyo derecho a la salud fue vulnerado en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula) durante el mes de julio de 2017, debido a la falta de insumos, medicamentos y equipos médicos.
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Otros siete casos registrados en el referido informe presentan retardo procesal en los tribunales. La mayoría de ellos constituyen violaciones a los derechos humanos, por tratarse de ejecuciones extrajudiciales y represión estatal.
Institucionalidad ausente
La falta de independencia laboral de los funcionarios de carrera del Ministerio Público constituye una de las limitantes en su accionar, señala el informe. «De los 2.214 fiscales que hay actualmente en el país, 1.471 son auxiliares, 740 son provisorios y solamente tres son titulares. Como consecuencia de ello, esos funcionarios perdieron su estabilidad laboral y, por ende, su libertad para actuar sin temor a ser removidos de sus cargos», precisa el ODH-ULA.
Finalmente, el observatorio universitario destaca que las víctimas sin justicia que incluyen en el informe sufren una doble victimización, al no recibir la atención jurídica que corresponde por parte del Estado.
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