Mérida.- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) denunció en una nota de prensa publicada ayer martes, 28 de julio, que permanece impune la mayoría de los ataques al rostro y los ojos de 22 personas perpetrados por funcionarios de la fuerza pública durante las protestas sociales registradas en Mérida entre abril y julio de 2017.
«Cada cuatro días una persona recibió un disparo a los ojos entre el 25 de abril y el 27 de julio de 2017”, precisa el ODH-ULA en su informe anual Mérida: Asalto a los derechos humanos 2017, citado. En los ataques, de policías o militares, las víctimas perdieron parcial o totalmente la visión.
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El ODH-ULA indica que hace seguimiento legal a algunos de los casos registrados en 2017. Hay constatación de que la mayoría permanece impune.
Impunidad y amenazas
Leonard Rondón fue una de las 22 personas que quedaron con lesiones oculares por ataques directos a los ojos. En su caso, la agresión fue ejecutada por un policía, que no ha sido identificado hasta la fecha. El equipo jurídico del ODH-ULA lleva la defensa de su caso, que fue introducido en el Ministerio Público y aún no recibe respuesta.
“Era el martes 27 de junio de 2017 hacia las 10.00 am y me encontraba pintando mi cuarto. Abajo, en mis residencias, había protestas y llegaron los policías a reprimir. Eran 6 y empezaron a lanzar piedras a las ventanas de mi edificio. Bajé junto a mi hermano porque no me parecía justo lo que los policías estaban haciendo. Entonces empezaron a reprimir con perdigones. Yo estaba a unos 5 metros de distancia de ellos. Me volteé para protegerme, pero fue ahí cuando recibí un perdigonazo en el ojo derecho”, contó Rondón al ODH-ULA.
El joven tenía 21 años de edad al momento del ataque y era estudiante de la ULA. El mismo día que lo atacaron a él, otras 7 personas recibieron disparos en uno o ambos ojos en el municipio Campo Elías del estado Mérida, precisa el observatorio ulandino.
Además del ataque recibido en 2017, Rondón ha sido víctima de amenazas por parte de un funcionario policial que es su vecino. «El ODH-ULA rechaza la revictimización contra personas atacadas por funcionarios al servicio del Estado, cuya impunidad por sus acciones les permite continuar actuando en contra de la ley», agrega la nota de prensa.
El ODH-ULA ha denunciado en instancias internacionales que los ataques directos al rostro constituyen una política de represión del gobierno de Nicolás Maduro. En los casos registrados en 2017 esta organización determinó que las municiones accionadas contra civiles desarmados eran balines de plomo o perdigones modificados, «para causar el mayor daño posible», asegura.
El 2 de julio de 2019 Rufo Chacón, menor de edad, recibió más de 52 perdigones en su rostro accionados por un policía durante una protesta pacífica por falta de gas doméstico en Táriba, estado Táchira. Dos funcionarios de la Policía del Táchira (Politáchira) están detenidos por el hecho, aunque el juicio está detenido por la cuarentena nacional por COVID-19, indicó el Foro Penal a El Pitazo a comienzos de este mes.
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