Mérida.- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) publicó este viernes, 15 de octubre, una nota de prensa donde señala que 22 personas que perdieron parcial o totalmente la visión, tras ataques perpetrados por funcionarios de la fuerza pública durante las protestas sociales de 2017 en Mérida y no han recibido justicia.
El ODH-ULA registró dichos ataques a los ojos durante los meses de abril a julio de 2017, precisa la nota. «Todos fueron perpetrados por funcionarios de la fuerza pública que buscaban dispersar las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Cada cuatro días una persona recibió un disparo a los ojos entre el 25 de abril y el 27 de julio de 2017”, señala el informe anual Mérida: asalto a los derechos humanos 2017, elaborado por este observatorio.
De acuerdo con los informes médicos de las 22 víctimas, en todos los casos «se pudo comprobar que los traumas oculares fueron causados por cuerpos metálicos como perdigones, balines, y municiones modificadas con objetos tales como trozos de cabilla», indica el citado informe. Los lesionados, que perdieron uno o ambos ojos, eran en su mayoría jóvenes, incluido un adolescente de 14 años de edad.
«Un patrón de represión contra la protesta»
El ODH-ULA señala que los disparos al rostro, a los ojos o a quemarropa constituyeron un patrón de represión por parte de funcionarios de la fuerza pública durante las manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro que ocurrieron en 2017.
«Esto viola los estándares internacionales que prescriben el uso progresivo y diferenciado de la fuerza en el control de manifestaciones públicas, como lo son el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU)», detalla la organización de la ULA.
El ODH-ULA, cuyo equipo jurídico representa jurídicamente a Leonard Rondón, una de las 22 víctimas de disparos a los ojos de 2017, añade en su nota que la impunidad en estos casos ha permitido que los funcionarios policiales amenacen a quienes fueron atacados, revictimizándolos.
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