Mérida.- La jueza del caso de Steven Ricardo García Sanz, acusado de un asesinato cometido en 2014 y otros dos delitos más, lo declaró inocente y dictó su libertad plena en la audiencia de conclusiones realizada este viernes, 1 de abril. García estaba preso desde el 26 de enero de 2016.
La detención de Steven García fue anunciada públicamente por Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en su programa de televisión Con el Mazo Dando del 27 de enero de 2016, un día después del arresto.
“Fue capturado por los cuerpos de seguridad del Estado Steven Ricardo García Sanz, de 24 años de edad, militante del partido Voluntad Popular, quien estaba solicitado por un tribunal de control por el homicidio de Gisella Rubilar Figueroa, de nacionalidad chilena, (…) quien fue vilmente asesinada durante las guarimbas la noche del 8 de marzo de 2014 en Mérida”, dijo Cabello, quien lo llamó asesino en cuatro oportunidades durante su alocución.
Fiscales exigían condena
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (Odhula), cuyo equipo jurídico representó la defensa legal de García, denunció que los fiscales del Ministerio Público asignados para este caso hicieron un mal ejercicio de sus funciones y violaron los estándares nacionales e internacionales referidos a su debida actuación.
«Los fiscales del Ministerio Público Dayana González y Franklin Rangel insistieron en solicitar a la jueza la condena de Steven García, pese a no haber presentado durante todo el juicio ninguna evidencia ni testigo que lo inculpara en ningún otro hecho punible», aseguró el Odhula en una nota de prensa.
Acusación de delitos sin pruebas
La Fiscalía le imputaba Steven García tres delitos: homicidio intencional calificado con alevosía o por motivos fútiles o innobles, asociación para delinquir y obstrucción a vías públicas. El Odhula precisa que la única prueba presentada en su contra fue un acta elaborada por un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que incluía la declaración de un testigo anónimo que lo acusaba de ser el asesino de Gisella Rubilar.
«La jueza Yoyreli Mata Granados manifestó en su sentencia absolutoria que el juez de control cometió un error en la audiencia preliminar de este caso al no ejercer control sobre los elementos que avalaban la acusación de la Fiscalía, ya que la misma carecía de pruebas para ser llevada a un juicio», indicó el observatorio.
Este caso se asemeja a los de Erickvaldo Márquez, Daniel Parra, Marller González y Walter Mayorga, todos jóvenes acusados de asesinatos cometidos en el marco de las protestas sociales de 2014 y 2017. González y Mayorga, cuyos juicios han sido dilatados con constantes diferimientos de audiencias, permanecen privados de libertad.
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